El separatismo ha dejado muy claro desde el principio su predisposición a saltarse la ley en la nueva legislatura que nació este pasado lunes con la elección de la Mesa del Parlament. La “pacificación” y “normalización” de Sánchez e Illa ha quedado rápidamente desacreditada.
La Mesa de edad del Parlament, con mayoría independentista, decidió aceptar la delegación de voto de los prófugos Carles Puigemont y Lluís Puig. La decisión ha sido validada por su presidente, Agustí Colomines (Junts) y la secretaria Mar Besses (ERC); mientras que la otra secretaria del órgano rector, Júlia Calvet (VOX), ha votado en contra.
El Partido Popular y VOX recurrirán al Tribunal Constitucional la participación de los diputados huidos de la Justicia en el primer pleno de la legislatura catalana. La sentencia que el TC emitió la semana pasada, deja muy claro que no puede considerarse “circunstancia constitucionalmente válida” para aceptar el voto telemático de un diputado que “voluntariamente haya decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española” y que tenga “una orden judicial de busca y captura”.
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