La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) vive un episodio de autoritarismo académico sin precedentes. El rector Joserramon Bengoetxea ha ordenado el cierre total del campus de Vitoria para este lunes con un objetivo claro: impedir un acto político de Vox. Bajo la excusa de garantizar la seguridad, la máxima autoridad académica ha optado por el candado antes que por la defensa de la pluralidad democrática en las aulas.
La respuesta interna no se ha hecho esperar ante lo que muchos consideran un atropello a los valores universitarios. Cuarenta profesores del centro, apoyados por tres exvicerrectores, han firmado un comunicado conjunto contra esta decisión drástica. Los docentes lamentan que la universidad pública se pliegue a estrategias de censura que dinamitan el debate de ideas propio de una institución de este calibre.
El detonante de la polémica es un encuentro de la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet y el diputado en el Congreso Carlos Hernández Quero. El rectorado justifica el cierre por el «riesgo» que supone la cita, especialmente tras la aparición de dianas con el rostro de Santiago Abascal en el recinto. En lugar de perseguir a los autores de las amenazas, el equipo rectoral ha optado por castigar a quienes las reciben, impidiendo su presencia física.
Los profesores críticos han señalado la flagrante «hipocresía» que impera en la gestión de Bengoetxea. Denuncian que, mientras se levantan muros contra Vox, se permite que colectivos ultranacionalistas campen a sus anchas por las facultades. Para los firmantes, resulta vergonzoso que grupos radicales utilicen impunemente los espacios comunes mientras se veta a un partido con representación parlamentaria.
El lenguaje utilizado por el Rectorado ha encendido aún más los ánimos de la comunidad educativa. La institución ha justificado las medidas preventivas como un «cordón sanitario» frente a supuestos «mensajes totalitaristas». Esta terminología, más propia de un activista de izquierda que de un rector, revela el profundo sesgo ideológico que tiñe actualmente la cúpula de la universidad pública vasca.
La decisión de suspender toda actividad presencial el lunes supone un perjuicio directo para miles de alumnos y trabajadores. Cerrar un campus entero para evitar que se escuche una voz discordante es una medida desproporcionada que atenta contra la normalidad institucional. Es el triunfo de los violentos, que consiguen su objetivo de silenciar al adversario con la complicidad del propio Rectorado.
La connivencia de las autoridades académicas con el nacionalismo más radical es un secreto a voces que ahora estalla en forma de protesta docente. Los profesores exigen que la UPV deje de ser un feudo ideológico al servicio de determinados intereses políticos. La libertad de cátedra y de expresión no pueden depender del carné de quien pretenda hacer uso de la palabra en el foro universitario.
La imagen de una universidad cerrada por el miedo al debate es una derrota para la democracia en el País Vasco. Resulta paradójico que quienes dicen proteger la universidad del totalitarismo utilicen métodos de exclusión para purgar el espacio público. Esta deriva sectaria solo contribuye a degradar el prestigio de una institución que debería ser referente de tolerancia y espíritu crítico.
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