El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado la proposición presentada por el grupo municipal de VOX para implantar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, las prestaciones públicas y la vivienda protegida en la ciudad de Barcelona. La iniciativa defendía una reestructuración de los baremos municipales con el objetivo de proteger a los trabajadores y familias que sostienen el sistema frente a las consecuencias de la inmigración masiva descontrolada y el efecto llamada.
El presidente del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha lamentado profundamente que el plenario haya dado la espalda a una propuesta que considera de estricta justicia social. Durante su intervención, de Oro ha criticado con dureza la gestión de los partidos tradicionales y de la izquierda, señalando la desconexión total que existe entre las políticas municipales y las necesidades reales de los vecinos de la capital catalana.
«La izquierda en ese partidismo nos han acostumbrado a vivir en un mundo que funciona al revés, un mundo donde incumplir la ley tiene recompensa. Un mundo donde puedes ocupar una casa con un ticket de pizza o del Mercadona, pero no la puede recuperar con una escritura notarial y un mundo donde el barcelonés trabaja, paga los impuestos más altos de España para mantener un sistema del que principalmente se aprovechan otros muchos», ha denunciado el presidente del grupo municipal.
Gonzalo de Oro ha remarcado que la prioridad nacional no busca la exclusión, sino establecer un orden lógico y equilibrado que garantice la supervivencia del propio Estado del bienestar, hoy en día gravemente amenazado por el colapso de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda y la saturación de los sistemas sanitario y asistencial.
«La prioridad nacional no es excluyente, no es excluir a nadie, es simplemente cambiar el orden. Primero los que mantienen el sistema y después, lógicamente, el resto. Las políticas de fronteras abiertas y el efecto llamada han cambiado la fisonomía de esta ciudad«, ha argumentado el concejal, detallando el preocupante incremento demográfico de población nacida fuera de España en la última década.
La propuesta rechazada por el consistorio barcelonés se vertebraba en torno a tres pilares fundamentales encaminados a revertir la degradación de los barrios y la desprotección de las clases medias y trabajadoras locales:
En primer lugar, la vinculación directa de las ayudas sociales estructurales a la trayectoria de cotización y contribución activa, garantizando la exclusión total de estas prestaciones a las personas que se encuentren en situación irregular, etiquetando como excepción únicamente las atenciones médicas urgentes de primera necesidad.
En segundo lugar, una reforma de los baremos en el acceso a la vivienda pública para proteger prioritariamente a los jóvenes locales, las familias numerosas y los hogares con personas dependientes a su cargo, incorporando además una cláusula de exclusión automática para cualquier solicitante implicado en la ocupación ilegal de inmuebles.
Finalmente, instar al Gobierno de la Nación a modificar el marco normativo vigente para otorgar plena cobertura jurídica a los ayuntamientos, permitiéndoles blindar sus recursos públicos bajo el principio fundamental de atender prioritariamente a los residentes que han sostenido económicamente el municipio durante años.
«Los listados de concesión de VPO y de ayudas de emergencia social no dejan lugar a dudas. Los barceloneses son los grandes perjudicados de un sistema diseñado a la medida de quien viene de fuera y principalmente del que viene de fuera y no aporta«, ha aseverado Gonzalo de Oro, concluyendo con una metáfora rotunda sobre la responsabilidad pública: «Ningún padre alimenta antes al vecino que a sus hijos, y estoy convencido de que ni siquiera ustedes lo hacen«.
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