El PSOE atraviesa uno de sus momentos más delicados, no tanto por los casos de presunta corrupción o malas prácticas que salpican a su entorno inmediato, sino por la manera en que está intentando gestionarlos. Tanto en los casos que salpican al partido – con Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos como protagonistas -, como en los que afectan al Gobierno (fiscal general del Estado) o a la familia del presidente (caso Begoña Gómez o David Sánchez).
En lugar de dar explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas, el PSOE parece haber optado por la estrategia del ruido: desacreditar a los jueces, poner en duda las investigaciones y desviar la atención hacia supuestas conspiraciones. Un partido que se presenta como garante de la democracia debería saber que el descrédito de las instituciones judiciales es un camino peligroso y profundamente irresponsable.
El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es paradigmático. Frente a una investigación judicial que debería transcurrir con normalidad, la reacción socialista ha sido acusar a los jueces de parcialidad y de estar al servicio de oscuros intereses. En lugar de acoger la transparencia como una oportunidad para reforzar la confianza ciudadana, el PSOE se atrinchera en la retórica del victimismo y en el ataque sistemático a la independencia judicial. Lo mismo con el caso que afecta al hermano del presidente, David Sánchez.
Más grave aún resulta la sombra que planea sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una figura que, en teoría, debería garantizar la imparcialidad del Ministerio Público y proteger la limpieza de los procesos judiciales se ve arrastrada ahora a la polémica. El Gobierno, lejos de impulsar una investigación transparente o facilitar la rendición de cuentas, prefiere blindar a los suyos a toda costa, aunque eso suponga deteriorar la confianza en la Fiscalía.
La estrategia del PSOE se ha centrado en lanzar acusaciones de lawfare, como si España se hubiera convertido en un Estado donde los jueces actúan como marionetas de intereses ocultos contra el poder político. Pero esa narrativa, más propia de partidos antisistema o de líderes autoritarios que de una formación histórica de gobierno, supone una amenaza directa a la estabilidad institucional.
Es un discurso que erosiona la credibilidad del sistema judicial y que transmite a la ciudadanía un mensaje inquietante: que la ley solo es legítima cuando favorece a los que gobiernan. Resulta paradójico que un partido que presume de ser un dique frente a los extremismos y guardianes del orden constitucional asuma ahora un lenguaje tan corrosivo.
Convertir a los jueces en el enemigo, cuando lo que hacen es investigar indicios de presuntas irregularidades, es un paso más hacia la desafección ciudadana y el debilitamiento de la democracia. No se trata de un ataque aislado, sino de una estrategia sostenida que recuerda demasiado a los manuales de populismos que el propio PSOE decía combatir.
Pedro Sánchez se aferra a una narrativa de persecución personal y política, como si cualquier crítica a su entorno fuera un ataque ilegítimo a su figura. Sin embargo, en democracia no se gobierna desde la inmunidad ni desde la sospecha permanente hacia las instituciones. La transparencia y la rendición de cuentas deberían ser su obligación, no una opción estratégica.
El intento de blindar al partido frente a cualquier investigación judicial tiene efectos devastadores a largo plazo. Alimenta la percepción de que existe una justicia de dos velocidades: una para los ciudadanos y otra para quienes ostentan el poder. Esa erosión de confianza en el sistema democrático es mucho más corrosiva que el daño reputacional que pueda generar una investigación concreta. El PSOE, con su comportamiento, está hipotecando la salud institucional del país.
Un partido de gobierno no puede permitirse actuar como un movimiento antisistema cada vez que la justicia toca a su puerta. Lo que necesita España no es un Ejecutivo que acuse a los jueces de conspirar, sino un Gobierno que respete la separación de poderes y que asuma con seriedad que la confianza en las instituciones se gana con transparencia, no con ataques y maniobras de distracción.
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