La consellera de Economía del gobierno autonómico catalán, Alícia Romero, ha confirmado este lunes una noticia preocupante para las arcas públicas. La Generalitat ha decidido paralizar la refinanciación de 3.600 millones de euros de deuda en los mercados financieros. El gabinete del PSC se escuda en la inestabilidad global provocada por el conflicto en Irán para justificar este frenazo en seco.
Esta decisión supone un revés para los planes del gobierno catalán, que pretendía reducir su dependencia de los mecanismos estatales. La realidad es que el Govern se encuentra en una posición vulnerable frente a los mercados exteriores. El pasado mes de febrero, la Generalitat ya acudió al mercado financiero para formalizar nuevos préstamos bancarios.
Se trataba de un movimiento simbólico de 292,75 millones de euros, el primero de este tipo en catorce años. El equipo de Romero buscaba profundizar en esta vía de financiación para ganar autonomía política frente a Madrid. Los planes iniciales preveían tener lista la gran operación de refinanciación entre los meses de abril y mayo.
Sin embargo, el PSC ahora admite que esas fechas son ‘prematuras’ dada la coyuntura actual. Esta parálisis financiera demuestra que la Generalitat no genera la confianza necesaria en los inversores internacionales. Mientras el PSOE sigue cediendo ante el sector ‘secesionista’, la economía real de Cataluña sufre las consecuencias de la incertidumbre.
El PSC intenta vender este parón como un ejercicio de prudencia financiera ante la crisis en Oriente Medio. No obstante, este movimiento parece un síntoma de la debilidad estructural de las cuentas catalanas. La dependencia de los préstamos bancarios a largo plazo sigue siendo el único salvavidas de una gestión cuestionable.
Resulta irónico que el gobierno que prometía ‘pasar página’ se encuentre ahora atrapado en los errores del pasado. La propaganda oficial no puede ocultar que la Generalitat sigue lejos de ser un actor solvente en los mercados globales. La falta de seguridad jurídica y el ruido político pasan factura directamente al bolsillo de los ciudadanos.
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