Los ataques a constitucionalistas en Cataluña por llevar la bandera nacional en forma de gorro, bufanda, pin o en cualquier otro formato ya forman parte de las costumbres del separatismo más agreste. De hecho, llevar un emblema rojigualda en barrios barceloneses como el de Gracia, o por los pueblos llenos de lazos amarillos con alcaldes secesionistas es sinónimo de llevarse unos cuantos insultos y, posiblemente, algún guantazo.
Recuerden como ejemplos más salvajes a la banda de forajidos que apalizaron a dos chicas por montar un tenderete de apoyo a la selección nacional de fútbol, o la profesora que agredió a una niña de diez años por pintar la bandera de España. Pero no son casos aislados, forman parte de un ambiente de amedrentamiento creado por el independentismo. No pueden evitar señalar pisos en cuyos balcones luce la rojigualda, o increparte si la luces en la solapa.
Cuando los separatistas atacan a las Fuerzas Armadas, e insultan a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias por desinfectar instalaciones, o critican a los militares por hacer maniobras en Cataluña, no lo hacen por un pacifismo sincero. En la mayoría de los casos no les molesta ni los fusiles, ni los carros de combate, ni los helicópteros. Les ofende que en sus uniformes esté bordada la rojigualda, y que sean soldados de España. De ahí que muchos de los que piden la erradicación del Ejército en esta comunidad autónoma preparen planes para formar un cuerpo bélico catalán, e incluso fantaseen con que forme parte de la OTAN. Más que sean “militares”, odian que sean “españoles”.
Los ayuntamientos que controlan los secesionistas, a menudo con el apoyo del PSC, buscan cualquier vericueto legal para que la bandera de España no ondee en los edificios consistoriales. Primero intentan no colgarla, cambiándola por la ‘estelada’. Cuando tras las denuncias de constitucionalistas que buscan que se respete la ley les llegan las multas y las amenazas de inhabilitación, comienzan con las excusas como que “está en la lavandería”, “que la han robado” o, directamente, ponen una enseña más pequeña en un rincón de la fachada.
Si el Gobierno de Sánchez quisiera en diez minutos acabaría con esta ilegalidad, pero con alcaldes y regidores socialistas negándose a poner la bandera nacional, ¿cómo van a mandar requerimiento a ediles de CUP, ERC o Junts, si son sus compañeros de viaje? Por eso la Resistencia al separatismo tiene que ir retirando esteladas o exigiendo que ondee la bandera nacional ante la inactividad de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
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