La Constitución Española de 1978 establece que la lengua común de todos los españoles es el castellano, que todos los españoles tienen el derecho a usarla y que España es una nación. Por otro lado, el Parlamento de Cataluña estableció, en la Ley de Educación de Cataluña de 2009, que la única lengua vehicular que se puede utilizar en las aulas es el catalán, no el castellano, y, en su Estatuto de Autonomía de 2006, que Cataluña es una nación. Estas dos contradicciones han generado que algunos docentes constitucionalistas que trabajan en Cataluña hayan tenido graves problemas y que la mayoría, para evitarlos, hayan renunciado a ejercer sus derechos ante la inacción de quienes deberían defenderlos. A modo de ejemplo de los primeros se comenta a continuación el caso del profesor de Geografía e Historia, Francisco Oya.
En el curso 2017/2018, este profesor, que ya tenía entonces unos 30 años de antigüedad en la enseñanza pública y que impartía sus clases en castellano, tras pedir un traslado, se incorporó al Instituto Joan Boscà de Barcelona, que es la ciudad en la que vive. Curiosamente, por lo que se dirá después, Joan Boscà era un autor catalán que escribía en castellano ya en el siglo XVI. Allí se encontró con que el libro de texto de Historia de España de segundo de Bachillerato, elegido meses antes de que él llegara, tenía un planteamiento que propiciaba el posicionamiento del alumnado a favor de la independencia de Cataluña, es decir reflejaba que su autor, que había sido vicepresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), era independentista, por lo que optó por facilitar a sus alumnos apuntes y fotocopias que daban una visión constitucionalista de la historia de España.
El director del centro le prohibió seguir dando esta información y como el profesor Oya siguió haciéndolo, a las pocas semanas recibió la visita de una inspectora, que fue a ver cómo daba las clases. Pasadas dos semanas, se le notificó que se le había abierto un expediente por parte de la Consejería de Educación, en el que, en base al informe de la inspectora, se le acusaba de «desatender el ejercicio de sus funciones docentes», «desacato a la autoridad», de haber ocasionado «un daño moral» al director del instituto y de llegar tarde a las clases, pese a no aportar pruebas de ello. Posteriormente se le sancionó con una suspensión de 10 meses de empleo y sueldo. Entonces el profesor Oya, al considerar que el expediente se había basado en falsedades, que estaba siendo objeto de una persecución ideológica y que estaba sufriendo un acoso laboral, interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la Consejería de Educación.
Al regresar al centro después de la sanción, se encontró con un ambiente que él consideró hostil ya que, entre otras cosas, se permitía que algunos alumnos exhibieran pancartas contra él. Al poco tiempo, el profesor Oya tuvo que coger la baja por tener problemas cardíacos y de depresión y, finalmente, se acabó jubilando antes de lo que tenía previsto.
El TSJC acabó dando la razón al profesor Oya en que la sanción no se ajustaba a derecho por defectos de forma, ya que la Consejería de Educación la había aplicado muy tarde, fuera del plazo legal. La Consejería de Educación reaccionó recurriendo esta sentencia y, en la actualidad, cuando ya han pasado seis años, se sigue a la espera de que se confirme la sentencia a favor del profesor Oya.
El pasado mes de abril, este profesor, molesto por tratarse de una sentencia que solo le era favorable por razón de forma, pero que no entraba en el fondo de si era justa o injusta la sanción, ha presentado una denuncia por la vía penal contra el director y contra los dos inspectores que intervinieron en su expediente, por delitos continuados de acoso laboral y por coacciones para impedirle el ejercicio de derechos fundamentales, como es el de la libertad de cátedra, entre otros cargos.
Este caso pone de manifiesto que para poder mejorar nuestro sistema educativo, lo primero que hay que hacer es resolver tres problemas que han creado los políticos. El primero es que no está claro lo que el alumno ha de aprender en cada asignatura, el segundo es que en determinados lugares no se permite utilizar el castellano para dar clases y el tercero es que el Estado no realiza ninguna prueba con valor académico para comprobar si al alumno se le está enseñando lo que está establecido y si las calificaciones que da el centro, realmente reflejan lo que sabe. Por lo tanto, las tres medidas más urgentes a realizar son concretar qué es lo que hay que enseñar en cada etapa educativa, actuar jurídicamente contra quienes impidan el uso del castellano en la enseñanza en una proporción razonable y establecer controles externos para comprobar que se están impartiendo los currículos. Hacer esto es el principal deber de un Gobierno en materia de educación, es una tarea que ninguna otra entidad puede hacer. Sin esto, los alumnos, sus padres y toda la sociedad en general pueden ser víctimas del fraude educativo, que consiste en hacer creer falsamente a los padres que sus hijos están aprendiendo lo que corresponde y con los niveles de exigencia establecidos.
Es pues urgente el establecimiento de una prueba externa al final de la Primaria que es, sin duda, la prueba más importante en la educación de un alumno, porque si accede a la ESO sin estar suficientemente preparado, toda su posterior vida académica fracasará. Es también necesario establecer una prueba externa con valor académico al final de la ESO, ya que es la última etapa que cursan todos nuestros alumnos. Finalmente, es necesario establecer una única prueba de acceso a la Universidad (EBAU), la misma en todas las Comunidades Autónomas, ya que dicha prueba permite el acceso a las mismas Universidades.
Si existieran estas pruebas, los profesores podrían ejercer su profesión con total libertad de cátedra, ya que si lo hacen correctamente, quedarían protegidos frente a posibles ataques profesionales, tanto por parte de la Administración central como por parte de la Administración autonómica.
Antonio Jimeno es presidente del sindicato de profesores AMES
NOTA DE LA REDACCIÓN: elCatalán.es necesita su apoyo, en este contexto de grave crisis económica, para seguir con nuestra labor de defensa del constitucionalismo catalán y de la unidad de nuestro país frente al separatismo. Si pueden, sea 5, 10, 20 o 50 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
