“Lo denunciamos en abril y no nos olvidamos del asunto, el tráfico de móviles ilegales en las cárceles catalanas es alarmante y debe atajarse de inmediato, insistiremos las veces que haga falta porque es una cuestión de seguridad pública”. Así ha justificado el portavoz del Partido Popular (PP) de Cataluña en la comisión de Interior y Seguridad Pública, Alberto Villagrasa, la presentación de una propuesta de resolución parlamentaria para acabar con la proliferación de teléfonos móviles en las prisiones.
Los datos oficiales que alarmaron a los populares en el primer semestre del año indican que en los últimos cinco años se ha más que duplicado el número de dispositivos interceptados, con un incremento del 240% desde 2018 y un total de 4.546 aparatos decomisados hasta 2024. “Solo durante el último año se incautaron entre dos y tres móviles cada día, el equivalente a más de un teléfono por cada diez internos, eso es una barbaridad, y solo estamos hablando de los incautados, no sabemos cuántos hay en circulación”, señala Villagrasa.
El PP recuerda que estos aparatos son introducidos de manera clandestina —sobre todo a través de visitas y de los vis a vis— y son utilizados por los presos para mantener negocios ilegales en el exterior o incluso para comunicarse con víctimas sobre las que tienen órdenes de alejamiento. Además, su presencia representa un riesgo añadido para la seguridad de los propios centros y del personal penitenciario, como evidencian los numerosos vídeos e imágenes grabados dentro de las celdas que después circulan en redes sociales.
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