“Descaradamente insuficiente”. Así es como ha calificado el diputado del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, Pere Lluís Huguet, la medida aprobada por el gobierno de la Generalitat de crear 150 nuevas plazas de funcionarios judiciales en Cataluña. “No cubre ni las vacantes existentes”, teniendo en cuenta las 350 plazas sin cubrir, más la necesidad de ampliación, detectadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su memoria de 2024.
“El déficit estructural y las desigualdades territoriales hacen necesario un refuerzo más ambicioso y focalizado en las áreas con mayor congestión (Barcelona, Tarragona y Girona)”. Concretamente, analizando lo requerido en la memoria del TSJC y la medida aprobada por la Generalitat, en Barcelona y el área metropolitana “faltaría un refuerzo más intenso”; en Tarragona el refuerzo también “sería insuficiente por la saturación en lo penal y social”; en Girona se necesitarían “más plazas de las anunciadas”; y el Lleida la cobertura es “más ajustada per aún insuficiente”.
Por otro lado, también ha recordado que el acuerdo hace unos meses del Gobierno y de la Generalitat de contar con 60 jueces más en en Cataluña a lo largo de los próximos 3 años tampoco “no resuelve el gran colapso” que hay en este momento en los juzgados de Cataluña, saturados por la acumulación de casos pendientes de resolverse.
En este sentido, ha dejado claro que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su memoria de 2025 aseguró que era urgente e imprescindible contar con 187 jueces y 33 magistrados, una cifra “muy alejada” del acuerdo
alcanzado. “Esta medida supone la cobertura de tan sólo un 27% de lo requerido”, ha afirmado.
Por otro lado, también ha lamentado que, pese a que en la memoria el TSJC especifica las necesidades que hay en cada provincia de Cataluña, en el acuerdo “no consta ningún detalle” sobre el destino de los nuevos jueces, demostrando “una grave falta de concreción y priorización”.
Además, el diputado ha hecho especial hincapié en que la memoria destaca que en relación a la ratio por habitante, Cataluña está por debajo de la media estatal y ha reiterado que la medida aprobada “no resuelve el déficit estructural pese a la ligera mejora”. “El déficit estructural y la falta de distribución territorial clara hacen que la medida sea insuficiente para garantizar un funcionamiento judicial equilibrado en Cataluña”, ha concluido
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