RTVE ha anunciado la creación de un nuevo canal cultural a partir de junio bajo el paraguas del servicio público, pero la iniciativa nace ya rodeada de sospechas. No por la cultura en sí —siempre necesaria y bienvenida—, sino por el contexto político en el que se impulsa y por el historial reciente del ente público, cada vez más cuestionado por su alineamiento con los intereses del Gobierno de turno.
El problema no es la directora – será Ana Pélaez, una especialista de TVE en programas culturales – sino el sesgo que le dará el Gobierno a la programación en un ente público tomado por el sanchismo, el populismo y el separatismo. Bajo la presidencia de Pedro Sánchez, RTVE ha sido acusada en numerosas ocasiones de haber diluido su función de contrapoder para convertirse en un altavoz amable de La Moncloa.
Informativos con enfoques previsibles, tertulias desequilibradas y una narrativa reiterativa han alimentado la percepción de que la independencia editorial es más un lema que una práctica real. El nuevo canal cultural corre el riesgo de profundizar esa deriva.
La cultura, presentada como espacio neutral y elevado, resulta especialmente eficaz como vehículo de propaganda. Por ejemplo, un cargo tan poco ‘político’ como la dirección del Instituto Cervantes se ha convertido en una herramienta propagandística desaforada al nombra a un activista de extrema izquierda como Luis García Montero, más preocupado en la guerrilla cultural contra la derecha que en gestionar el organismo que preside.
Precisamente por eso, un canal cultural controlado por RTVE puede convertirse en una herramienta sutil para blanquear políticas, legitimar discursos oficiales y promover una determinada visión ideológica bajo la apariencia de divulgación artística o académica.
El problema no es que el Estado impulse contenidos culturales, sino quién decide qué cultura se emite, a quién se da voz y qué relatos se priorizan. Si esas decisiones responden a criterios políticos y no pluralistas, el canal no será un espacio de encuentro, sino un escaparate más del proyecto cultural del sanchismo, financiado con dinero público y sin un control real independiente.
Resulta llamativo que, en un momento de crecientes dificultades económicas y de fragmentación social, RTVE destine recursos a un nuevo canal en lugar de reforzar su credibilidad informativa. La apuesta parece menos orientada a cubrir una necesidad ciudadana que a ampliar el ecosistema mediático afín al Gobierno, aprovechando una marca pública que debería pertenecer a todos.
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