El mantra del diálogo en Cataluña

Desde muchos sectores del secesionismo catalán se ha venido apelando a la aparición de
un santo, de nombre “dialogo”, con el que esperan poder encontrar una solución al
problema político catalán mediante un consenso acordado con el Gobierno de España.
Digo esto, porque para ellos es un problema exclusivamente político que erróneamente
se ha judicializado, es decir, que les suena raro que cuando incumplen las leyes tengan
que visitar los tribunales. Siempre he pensado que esa es una forma bastante curiosa de
entender qué es la democracia y la función del Estado de Derecho.

Les encanta dialogar, es más, se creen adalides del dialogo, pero sólo se puede hablar de
aquello que a ellos les interesa, que es sobre cómo destrozar o trocear la soberanía
nacional. En pocas palabras: referéndum acordado con el Estado o referéndum sin
acordar, pero siempre referéndum al fin y al cabo. Claro, porque más que dialogo lo que
siempre han perseguido es chantajear y engañar al Estado. A todo aquel que se
encuentre fuera de este marco le tachan de inmovilista anclado en el “régimen del 78”, y
eso como poco, porque en los niveles superiores se adquiere fácilmente la condición de
fascista.

No entienden, o no quieren entender, que el titular de la soberanía nacional es el
conjunto del pueblo español, y que por lo tanto no pueden pedirle al Gobierno del
Estado que negocie sobre algo de lo que no puede disponer. Se trata de uno de los
legados más importantes que nos dejó la Revolución Francesa de 1789, donde se
consideró que ningún rey podía ostentar el monopolio del poder porque éste emana del
propio pueblo.

El conjunto territorial que define España lo decidimos entre todos los españoles y no
solo una parte. Este principio de unidad territorial está consagrado en el
constitucionalismo de la inmensa mayoría de los países de nuestra tradición jurídica, y
solamente en casos muy excepcionales y fijados por las distintas resoluciones de las
Naciones Unidas que existen respecto a este tema, admiten el principio de
autodeterminación de una parte del territorio nacional. Por supuesto, Cataluña no es uno
de esos casos, por eso la propia ONU se ha manifestado en varias ocasiones
argumentando que en ningún caso la Generalidad de Cataluña puede arrogarse dicho
derecho.

Tampoco entienden, o no quieren entender, que quienes judicializan un problema
político son los mismos que se saltan la ley. No tiene ningún sentido que aquellos que se
encuentran fuera de la legalidad vigente levanten la bandera del dialogo. No se le puede
pedir al Gobierno del Estado que no acuda al Tribunal Constitucional si cree que una
comunidad autónoma está actuando fuera del marco establecido, del mismo modo que
no se puede esperar que la Fiscalía General del Estado se muestre indiferente ante la
comisión de delitos. Los problemas políticos nunca se podrían judicializar si todas las
partes respetaran la ley, algo que no se ha promovido especialmente desde el
secesionismo catalán. Antes se hacían fotos triturando y desgarrando los requerimientos
judiciales que les advertían de sus actos, pero ahora que han visto que en España el
Estado de Derecho actúa firmemente, ya es otro cantar.

Basta con ver al actual presidente de la Generalidad alardeando de que miembros de su
familia forman parte de esos grupos violentos que colapsan Cataluña, o de cómo predica
a favor de seguir el modelo de un proceso de independencia como el esloveno, que
marcó el inicio de una cruenta guerra. Acceder al dialogo con esta gente es una trampa
porque lo único que se consigue es seguirles el juego, pues están completamente
deslegitimados para ser parte de cualquier solución. En Cataluña hay días en los que no
se puede asegurar el orden público y el gobierno catalán más bien pone impedimentos
para apostar por la convivencia pacífica. No son políticos, son peligros públicos. Donde
no hay ley que garantice los derechos de todos los catalanes, se tiene que intervenir.

Por Rubén Espuny Cugat

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