El Govern de Pere Aragonès está dejando claro desde el minuto cero que no piensa cumplir las sentencias judiciales que no sean de su agrado.
El TSJC exigió ayer que se ofrezca la elección del idioma «de forma individual«, pero en distintas aulas se sigue preguntando de forma colectiva en qué lengua quieren la prueba, lo que incumple de forma flagrante lo dictaminado por la justicia.
Este hecho ha sido denunciado por los compañeros de Vozpópuli, los cuales han tenido acceso a lo que está ocurriendo en algunas aulas de Cataluña. Lógicamente, el hecho de ser señalado en público por querer realizar un examen en castellano coarta la libertad del alumno que desea ejercer su derecho.
Según las fuentes jurídicas consultadas por los compañeros de Vozpópuli, el hecho de obligar a alzar el brazo o de orientar el enunciado a favor del catalán es mantener el mismo espíritu de la normativa que ayer fue tumbada por el TSJC. Es decir, establecer el catalán por defecto: “Están procediendo de igual manera que dictaba la norma tumbada, es decir, ofreciendo por defecto las pruebas en catalán y obligando a significarse a la contra a quien desee las pruebas en castellano”.
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