El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha avanzado que el Ayuntamiento “quiere pasar de 130 o 140 cámaras de vigilancia que hay en la actualidad a unas 500 para tener vigiladas zonas muy sensible de la ciudad”. Batlle no ha querido desvelar en qué zonas se podrían instalar estas cámaras, pero ha recordado que “Barcelona es una ciudad que ha sufrido ataques terroristas” y que también “tiene puntos sensibles donde hay mayor actividad delictiva y que se tienen que tener bajo control”.
En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Albert Batlle ha asegurado que “Barcelona es una ciudad segura en cuanto a delitos graves, pero hay una delincuencia que eufemísticamente se llama de baja intensidad y que crea esta sensación o percepción de inseguridad”.
Batlle advierte de que cambiar una percepción es muy difícil, y ha echado la culpa a la prensa de la inseguridad en Barcelona: “Un navajazo en un hecho muy grave, pero un navajazo explicado cuarenta veces, no son cuarenta navajazos, esto es un problema”. En este sentido, el teniente de alcalde de Seguridad apuesta por potenciar la comunicación, porque la explicación del trabajo que se hace es un componente importante de la seguridad subjetiva. “A día de hoy el tema de la percepción sigue siendo la gran asignatura pendiente a revertir”, ha advertido.
Batlle asegura que los datos objetivos demuestran que los hechos delictivos han disminuido, pero “es necesario que vaya acompañado de una sensación de seguridad subjetiva más importante de la que hay ahora”. Para el teniente de alcalde de Seguridad, “la otra gran batalla” de fondo en materia seguridad que ahora mismo tienen Barcelona y Cataluña es la de la salud pública ligada al negocio criminal de la droga, en todos los frentes: “La batalla contra los clubes cannábicos es una batalla parcial”, asegura. Batlle es partidario de que, si tiene que haber un uso terapéutico para determinadas enfermedades, estos productos se dispensen en farmacias “pero no en la calle, en un club cannábico o en un comercio grow shop”.
Por otro lado, Albert Batlle ha avanzado que el equipo de gobierno “no quiere eternizar” el debate sobre la modificación de la ordenanza de civismo y que el objetivo es tener un texto cerrado en el mes de abril para poder llevarlo al pleno después de consensuarlo con las distintas fuerzas políticas que se quieran sumar. “Si no se puede consensuar, hay otros instrumentos legales para evitar que las conductas incívicas queden impunes”.
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