Este pasado lunes, Pere Aragonès anunciaba que no recogería el acta de diputado y que abandonaba la primera línea de la política, responsabilizándose así del batacazo electoral que sufrió Esquerra en los comicios del 12 de mayo.
Los republicanos perdieron 13 diputados, y todo ello pese a ostentar la presidencia de la Generalitat durante la última legislatura, un auténtico fracaso de los secesionistas que ahora deberán afrontar una crisis interna y además, tienen que decidir si apoyan un gobierno de Illa o uno del prófugo Puigdemont. Se avecinan tiempos complicados para ERC.
Pero la renuncia de Aragonès le supondrá embolsarse una buena cantidad de dinero. Absolutamente desorbitado. Ingresará 9.078 euros brutos al mes durante los próximos cuatro años, además cuando cumpla los 65 años (actualmente tiene 41) podrá acceder a una pensión vitalicia que será del 60% de la retribución mensual que corresponde al cargo de presidente, lo que equivale a unos 6.808 euros brutos al mes. Eso sí, tanto la asignación mensual como la pensión vitalicia son incompatibles con el percibir ingresos de otro cargo público.
Pero el asunto no acaba aquí. Tiene derecho a cubrir los gastos de una oficina personal y tener a tres empleados a su cargo. Por último, podrá contar con un chófer y un servicio de seguridad. Una vez más, queda acreditado el nivel de represión que sufren los expresidentes de la Generalitat. Entiéndase la ironía.
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