El auge de Silvia Orriols en el panorama político catalán ha despertado una curiosa fascinación en ciertos sectores conservadores de toda España. Atraídos por su dialéctica sin complejos contra la delincuencia y su denuncia del «buenismo» de la izquierda en materia migratoria, algunos ven en ella una autenticidad refrescante.
Sin embargo, tras esa fachada de radicalidad se esconde una versión actualizada del nacionalismo más excluyente. Orriols no es una novedad, sino el último eslabón de una cadena de supremacismo catalán que desprecia por igual lo español y lo extranjero.
Lo que define a esta nueva hornada de separatismo es su capacidad para conjugar la virulencia verbal con un pragmatismo absoluto a la hora de conservar las prebendas. A pesar de sus soflamas contra el Estado, Orriols se cuida mucho de cruzar las líneas rojas que pondrían en peligro su estatus. El ejemplo más claro es el Ayuntamiento de Ripoll, donde la bandera de España ondea cumpliendo estrictamente la ley para evitar una inhabilitación que la apartaría del sueldo público.
Los líderes separatistas son maestros en el arte de gesticular contra España mientras se aseguran de que la transferencia de fondos estatales nunca se detenga. Orriols no representa una solución regeneradora, sino una simple sustitución de élites. Su objetivo no es reformar el sistema, sino reemplazar a la «casta» procesista por su propio grupo de fieles, manteniendo intactas las estructuras de poder nacionalista. Al final del día, su estrategia pasa por utilizar la agresividad contra lo español como herramienta para seguir sangrando las arcas del Estado bajo el viejo y falso mantra del «España nos roba».
El discurso victimista sigue siendo el motor de su actividad política, adaptando las quejas de siempre a los problemas de seguridad actuales. Para el votante de centro-derecha no separatista caer en la admiración por Orriols sería un error de cálculo histórico. No se puede combatir el sanchismo apoyándose en quien desea la fragmentación del país con tintes xenófobos. La claridad de su mensaje sobre la delincuencia es solo el cebo para un proyecto que, en el fondo, desprecia profundamente la Constitución y la convivencia democrática entre españoles.
La alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament sabe que la retórica radical vende bien en tiempos de incertidumbre. Pero esa misma radicalidad desaparece cuando hay que firmar la nómina pública o acatar las normas que garantizan su permanencia en el cargo. Es la vieja política de la Generalitat disfrazada de insurgencia ciudadana; el mismo perro con distinto collar que busca perpetuar el conflicto para justificar su existencia.
Muchos ciudadanos, hartos de la permisividad de la izquierda con la ilegalidad, buscan referentes de orden y ley. Pero Orriols no es el referente que España necesita, pues su modelo de orden se detiene donde empieza la frontera de su particular nación imaginaria. Su lealtad no es hacia la seguridad jurídica ni hacia el bienestar general, sino hacia una identidad excluyente que utiliza los problemas reales como ariete contra la unidad nacional.
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