Pedro Sánchez ha activado una nueva cortina de humo para desviar la atención de los graves casos de corrupción que asedian a su entorno. Con la mirada puesta en las investigaciones sobre Begoña Gómez, el caso Koldo y la gestión de Ábalos, el presidente busca ahora «salvar» a los menores. La propuesta estrella consiste en prohibir el acceso a las redes sociales a los jóvenes menores de dieciséis años y la ha reforzado con sus ataques a los dueños de redes sociales, como Elon Musk.
Esta medida nace con el sello de la inoperancia, pues cualquier adolescente encontrará rápidamente el modo de burlar las restricciones digitales. El objetivo real no es la protección de la infancia, sino ocupar el debate público durante meses con un tema sensible. Quien se atreva a cuestionar esta censura encubierta será inmediatamente señalado por el aparato de propaganda gubernamental como un enemigo de los niños.
Detrás de este anuncio se esconde una intención mucho más oscura: el control absoluto de la información. Al señalar a las plataformas por «no hacer lo suficiente» para proteger a los menores, el Ejecutivo se dota de una excusa para intervenir en las redes. El sanchismo busca acallar las voces discrepantes que, ante la colonización de los grandes medios y RTVE, han encontrado en internet su último refugio.
Resulta paradójico que el Gobierno se presente como protector de la juventud mientras destruye su futuro con una gestión económica y social errática. El verdadero peligro para las nuevas generaciones reside en la degradación institucional y de los servicios públicos. Hemos pasado de tener un sistema ferroviario que era orgullo nacional a sufrir un colapso constante en el AVE y las Cercanías.
La desidia en el mantenimiento de las infraestructuras es alarmante y pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. En lugar de invertir en reparar nuestras carreteras, el Ministerio se limita a colocar carteles de advertencia sobre el mal estado del firme. Esta política de parches refleja la falta de un proyecto de país serio más allá de la supervivencia diaria en el poder.
A pesar del triunfalismo macroeconómico del que presume la Moncloa, el paro juvenil en España sigue arrojando cifras insoportables. Los jóvenes se enfrentan a un mercado laboral precario y a una crisis de vivienda que el Gobierno solo ha agravado. Las leyes actuales dificultan la construcción y reducen la oferta de alquiler, convirtiendo la emancipación en una utopía para muchos.
Mientras el foco se pone en el control de las pantallas, el saqueo de las arcas públicas continúa a ritmo constante para satisfacer los privilegios territoriales. La solidaridad entre españoles se quiebra para que el sanchismo pueda seguir sumando votos en el Congreso. Es un intercambio de poder por presupuesto que hipoteca el crecimiento de las próximas décadas.
La supuesta preocupación por el bienestar infantil es solo el último recurso de un presidente acorralado por los escándalos. El fanatismo climático y la deficiente gestión de tragedias como la DANA quedan en un segundo plano cuando se agita la bandera de la protección de los más vulnerables. Es una estrategia vieja, pero ejecutada con un cinismo renovado.
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