Hace una semana supimos que la Asamblea Nacional francesa había adoptado una proposición de ley para endurecer las sanciones contra los ocupantes ilegales de viviendas.Tres años de cárcel, multas de hasta 45.000 euros, y procesos de desalojo mucho más rápidos. Alemania contempla el desalojo de okupas denunciados en solo 24 horas. En Gran Bretaña basta la sospecha policial de una okupación para que se produzca su actuación sin siquiera orden judicial y si hay denuncia de usurpación en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas. En Dinamarca y Suecia solo se requiere un título que identifique al propietario para liberar la vivienda.
En España vamos, sin embargo, en sentido contrario. Normas garantistas para los okupas, procesos judiciales de años, policía atada de manos para desalojar okupas, y gobiernos que riegan generosamente al movimiento okupa con dinero público. El mejor ejemplo lo tenemos en Barcelona, paraíso okupa para desgracia de sus ciudadanos. Para el tripartito de Colau, Collboni y Maragall los okupas organizados no son delincuentes, son activistas sociales que trabajan en beneficio del barrio; las mafias okupas que revenden llaves de pisos destinados a la mesa de emergencia habitacional, son un invento de la oposición cuando osamos denunciarlas, y quien entra en una propiedad reventando la puerta para instalarse a vivir, sin pasar por el tedio de tener que pagar una hipoteca o un alquiler, tiene el derecho a empadronarse, no vayamos a negarle su derecho a recibir ayudas sociales y, lo más importante, a votar a quienes le permiten vivir a costa de los demás.
Hoy, el gobierno de Colau tiene a uno de sus concejales imputado por cederle a los okupas una propiedad del Ayuntamiento de forma ilegal. Esto es práctica habitual en nuestra ciudad, que no sólo permite las okupaciones ilegales, sino que además invierte cuantiosas partidas económicas en reformar y adecuar los locales okupados para mayor comodidad de sus inquilinos delincuentes. La última reforma: 40.000€ al local okupado de Tres Lliris, en Gràcia.
Cuando votas a una okupa para dirigir tu ciudad, no puedes esperar otra cosa que políticas afines a su movimiento. Y cuando votas a partidos que desprecian las leyes, no puedes esperar otra cosa que simpatías por aquellos que las ignoran. Okupar no es un derecho, es un delito, y para acabar con ella sólo hay una solución: votar a quién no sólo quiere hacer caer todo el peso de la ley contra quien delinque, sino a quien no le tiemblan las piernas ante un movimiento que no es precisamente pacífico.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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