La Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona ha hecho público un comunicado en el que condena de manera «firme» el ataque cometido por el colectivo radical Arran al domicilio del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Llarena, que reside en la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés, es uno de los objetivos primordiales del radicalismo secesionista. Esta semana lanzaron pintura amarilla a la fachada de su domicilio.
«Como juristas que diariamente representan los ciudadanos en los tribunales», aseguran los procuradores en su escrito, la entidad que los representa «quiere mostrar su más firme rechazo»-
«Estas lamentables conductas no representan en absoluto a ningún sector de la sociedad catalana, sean cuales sean sus ideas políticas».
«Uno de los valores esenciales de cualquier sociedad moderna y avanzada del s. XXI es el respeto a nuestras leyes democráticamente aprobadas y, por lo tanto, también a aquellos servidores públicos encargados de administrar justicia ejerciendo la potestad jurisdiccional, se compartan o no el sentido de sus resoluciones», concluye.
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