Pau Guix y Sergio Fidalgo mostraron su cariño y solidaridad con las víctimas y los familiares del trágico accidente ferroviario en Adamuz, y pidieron que la investigación de las causas llegue hasta el final. Ambos denunciaron que, sea o no sea la causa de esta catástrofe, la falta de inversión en infraestructuras es una tragedia nacional, porque Sánchez se gasta el dinero en untar a sus aliados separatistas para mantenerse en el poder.
También denunciaron la delación subvencionada por la Generalitat a la que se dedica Plataforma per la Llengua, que Guix recordó «se dedicaba a espiar a los niños en los colegios, sin permiso de los padres, en qué lengua hablaban entre ellos. A esta gente da dinero el Govern de Illa».
Sobre el futuro de Sumar Guix dijo que «a día de hoy no existe. Yolanda Díaz dimitió de sus cargos en el partido y forma parte del Gobierno de España representándose a si misma». Y añadió que «los Comunes tienen unas primarias entre dos personajes grotescos como Gerardo Pisarello y Bob Pop. El futuro de Barcelona puede ser acabar ser gobernada por Bop Pop. Sería el triunfo de la antipolítica. Es la decadencia de la izquierda».
El Ayuntamiento de Vic (Junts) ha vuelto a cruzar la línea que separa la gestión municipal del activismo ideológico. Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el contrato de servicios de desratización y control de plagas de la ciudad. El motivo es la imposición de un modelo lingüístico obligatorio que vulnera la neutralidad institucional y la libre concurrencia.
Su presidente, Ángel Escolano, lo comentó en ‘Ho tornarem a fer’, y denunció que «para acceder a una contrata pública para matar plagas, como cucarachas o ratas, el Ayuntamiento de Vic exige el catalán». La entidad denuncia que el pliego de condiciones no busca garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán. Por el contrario, impone esta lengua como la única obligatoria «por defecto» en todas las comunicaciones del servicio. Este diseño relega el castellano, lengua oficial del Estado y de millones de catalanes, a una posición totalmente subordinada y reactiva en la esfera pública.
Escolano denuncia que es una nueva vuelta de rosca de los ayuntamientos separatistas para imponer el catalán en los contratos de servicios públicos, no solo en el trato con la administración, también en la relación con los clientes, que solo podrán hablar en catalán». Añade que «es un despropósito, es un elemento claro de discriminación lingüística, y además atenta contra la libre competencia. Son puros peajes lingüísticos para discriminar. Una empresa de Vic puede licitar en Burgos, pero no al revés, se privilegia a las empresas catalanas».
Pau Guix recordó que están quitando derechos a los ciudadanos: «La mayoría de los españoles no pueden optar en Cataluña a ser peón, jardinero o paleta en una administración pública porque no pueden certificar un nivel medio o alto de catalán. Es discriminatorio».
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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