Sergio Fidalgo: Uno de los temas que quería tocar es la censura que el Ayuntamiento de Tarragona ha aplicado a Javier Barraycoa en un acto reciente… ¿conoces el caso?
Sergio Macián: Sí. Nos parece absolutamente lamentable que el Gobierno municipal del PSC, encabezado por Rubén Viñuales, haya censurado un acto de un catedrático y escritor de prestigio como es Javier Barraycoa. Había sido invitado por la asociación Coordinadora de Entidades de la Resistencia Cívica, dirigida por Salvador Caamaño.
Resulta indignante que, mientras se censura un acto público de un intelectual reconocido, se fomenten en las aulas de Cataluña y Tarragona programas de lengua árabe y cultura marroquí. El Gobierno da todas las facilidades a las asociaciones pro-islamistas y, en cambio, veta y censura a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en locales públicos de la provincia.
Sergio Fidalgo: En Tarragona se da la paradoja de que el PSC gobierna prácticamente de la mano con Junts. Aunque teóricamente están enfrentados, aprueban juntos los presupuestos y la política lingüística. ¿Qué ha pasado con ese supuesto «constitucionalismo» del PSC?
Sergio Macián: El PSC hace tiempo que dejó de ser un partido defensor de la Constitución Española. Lo vimos claramente cuando Salvador Illa y Pedro Sánchez aseguraban que la amnistía era inconstitucional, para luego cambiar de criterio por conveniencia política al pactar sus gobiernos. Han blanqueado el golpismo catalán indultando a los líderes del procés. En la práctica, el Partido Socialista es hoy un partido separatista más. Son “constitucionalistas” sólo en el sentido de que manipulan y pisotean la Constitución para asegurar sus poltronas, pero en la defensa de la Nación española ni están ni se les espera.
Sergio Fidalgo: ¿Se puede equiparar la política lingüística de Viñuales en Tarragona a la de Esquerra Republicana?
Sergio Macián: Sí, e incluso va más allá. El PSC ha ampliado la estructura de consejerías que tenía Pere Aragonès, añadiendo una de Deportes y otra de Política Lingüística, algo que ni siquiera ERC se atrevió a ejecutar. Además, en el Ayuntamiento de Tarragona ocurre algo denunciable: se prohíbe a los grupos políticos presentar mociones en castellano. Es una restricción que no existe ni siquiera en el Parlamento de Cataluña.
Sergio Fidalgo: Pero, ¿eso es legal?
Sergio Macián: Entiendo que es absolutamente inconstitucional. Que no se permita utilizar una de las dos lenguas cooficiales del Estado en el Ayuntamiento es gravísimo. Como digo, ni siquiera ocurre en el Parlament, actualmente presidido por el señor Rull (Junts). Es una situación inaudita que nadie tiene la valentía de denunciar, salvo VOX.
Sergio Fidalgo: ¿Qué le ha ocurrido a Rubén Viñuales? Pasó de ser un referente de Ciudadanos contra el separatismo a lo que vemos hoy.
Sergio Macián: Habría que preguntárselo a él, pero es evidente que tiene pocos principios. De aquel Viñuales que defendía la libertad lingüística, la Constitución y la españolidad de Cataluña no queda nada. Ha demostrado que, con tal de mantenerse en el poder —siguiendo el modelo nacional y autonómico—, es capaz de pactar con quien sea y renunciar a sus convicciones.
Sergio Fidalgo: ¿Y qué sucede en Tortosa con la obsesión separatista por derribar el monumento en el Ebro que los ciudadanos pidieron mantener en referéndum?
Sergio Macián: Recientemente desplegamos una pancarta en uno de los puentes sobre el Ebro con el lema «Salvem lo monument». El patrimonio histórico y cultural español no puede ser destruido por el capricho ideológico de unos pocos gobernantes. Defendemos la historia de España y de Cataluña con todas sus luces y sus sombras.
Sergio Fidalgo: Para terminar, querría hablar sobre la situación de las prisiones catalanas. ¿Es tan crítica como denuncias?
Sergio Macián: Es crítica. Se producen más de 500 agresiones físicas y más de 25 agresiones sexuales al año contra funcionarios de prisiones. La última ocurrió el pasado viernes, cometida por un argelino de 21 años en el Centro de Jóvenes. Pese a que el sujeto era reincidente y la dirección lo sabía, no se tomaron medidas. El gobierno de Illa, el consejero Espadaler y los responsables de servicios penitenciarios se ponen de perfil. Su silencio es cómplice de esta inseguridad. Hemos solicitado la comparecencia de Illa y Espadaler para que expliquen por qué aplican políticas que convierten las cárceles en un «balneario» para los delincuentes y un infierno para los trabajadores.
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