El 25 y 26 de enero, los sindicatos mayoritarios de la enseñanza y los sindicatos de médicos y enfermeros de Cataluña hicieron coincidir una huelga en la sanidad y en la educación públicas. Conviene recordar que la sanidad y la enseñanza son los dos grandes servicios sociales que el Estado proporciona a los ciudadanos, es decir es a donde destina la mayor parte de sus recursos.
Es pues muy importante que ambos servicios funcionen bien, porque de ellos depende tanto la salud de los ciudadanos como la formación de las siguientes generaciones, es decir de los que han asumir que el país siga funcionando. Para conseguirlo, no solo se han de invertir recursos suficientes, sino que se ha de asegurar que tanto el sistema sanitario como el sistema educativo sean eficientes y en esto último hay una gran diferencia.
Si comparamos el sistema sanitario español con los de otros países de niveles económicos parecidos, la conclusión es que funciona relativamente bien, aunque sea gracias a un sobreesfuerzo por parte de los médicos y enfermeros. En cambio, si comparamos el sistema educativo español con lo de otros países la conclusión es que es un auténtico desastre. Veamos algunos datos:
- En las últimas pruebas PISA, las de 2018, de los 78 países participantes, en la clasificación final, el único país que no apareció en la clasificación final fue España. El motivo es que la calificación obtenida por nuestros alumnos de 15 años en “Comprensión lectora” fue tan inferior a la esperada, que la OCDE decidió no publicarla. En las otras dos materias analizadas los resultados tampoco fueron buenos: en Matemáticas obtuvimos 5 puntos menos que en 2015, y en Ciencias obtuvimos nuestra puntuación más baja desde que hace 18 años se iniciaron las pruebas PISA. En relación a la media de la OCDE, es decir al aprobado, nuestro alumnado suspendió en todas las materias. Y otra conclusión a la que se llegó es que nuestros alumnos de 15 años, tienen el mismo nivel que los de 14 años de Estonia y que los de 13 años de Hong-Kong. Todo muy penoso.
- En la clasificación mundial de universidades de 2022 de Shanghái, solo una universidad española se ha situado en el tramo de 150 a 200, la de Barcelona, y solo cuatro se han situado en el tramo de 201 a 300, la Autónoma de Barcelona, la de Granada, la de Valencia y la Complutense de Madrid. Muy lejos de lo que le debería corresponder a España, que por su PIB ocupa la posición 14 en la clasificación mundial de potencias económicas.
- En abandono escolar temprano, medido en el porcentaje de personas de 18 a 24 años que solo tienen el título de ESO o incluso que no han acabado la ESO, a finales de 2022, España tiene un 13,9% de ciudadanos, el segundo porcentaje más alto de Europa, solo después de Rumanía con un 15,3%. Y en Cataluña los datos son todavía peores, ya que tiene un 16,9%, solo por debajo de Baleares y de Murcia.
El por qué en un mismo país puede haber un sistema sanitario relativamente eficiente y un sistema educativo nefasto se debe a que si bien el número de fallecimientos no se puede falsear, en la enseñanza la ley permite aprobar a casi todos los alumnos, para aparentar que con dicha ley la enseñanza está mejorando.
Si en un hospital la mortalidad es mucho más alta que la media, enseguida se disparan las alarmas, se investiga el centro y se descubren las causas. En cambio, en la enseñanza, todos los centros educativos pueden disimular la falta de esfuerzo de sus alumnos, regalando aprobados gracias a que nuestra ley educativa lo permite e incluso lo alienta. Esta gran mentira, que vivimos cada día, solo se pone en evidencia cuando hay pruebas internacionales como las PISA, o el índice de Shanghái para Universidades o el porcentaje de alumnos que abandona prematuramente el sistema educativo.
La conclusión es evidente: cuando no se puede engañar a los ciudadanos aparentando falsos éxitos, como pasa en la sanidad, la calidad se mantiene, mientras que cuando se puede engañar a los usuarios, como sucede en el modelo educativo que tenemos desde 1990, que es el establecido por la LOGSE, luego por la LOE y ahora por la LOMLOE, en el que se facilita el aprobado, pese a que no se haya alcanzado los niveles establecidos, la calidad disminuye.
Una prueba de que lo anterior es cierto, es la diferencia entre las reivindicaciones de los sindicatos de la sanidad y de los sindicatos de la enseñanza. Mientras los primeros se quejan de no poder dar un buen servicio, de no tener tiempo suficiente para atender a los pacientes, de tener que retrasar las pruebas y las intervenciones, de la falta de especialistas y de cosas similares, los sindicatos de la enseñanza reivindican, sobre todo mejoras salariales y mayor estabilidad laboral, como si el servicio que dan a los ciudadanos fuera perfecto, como si no tuviera nada en lo que mejorar ¡Qué desvergüenza!
Otro aspecto que demuestra el abismo que hay entre los sindicatos de uno y otro sector es que para poder trabajar en un hospital público, hay que aprobar un examen muy difícil, el llamado examen MIR, que precisa muchos meses de preparación, y aprobarlo con una nota alta, porque no todos los aprobados pueden elegir una plaza, y pasar a solo cobrar unos 1200 euros brutos el primer año y unos 1700 el quinto año. En resumen, que han tenido que esforzarse mucho, que están muy mal pagados y que han de asumir mucho trabajo y de alta responsabilidad. Pues bien, pese a ello lo que están reivindicando sus representantes sindicales es poder mejorar el servicio que dan a la sociedad.
En cambio, los grandes sindicatos de la enseñanza son otra cosa totalmente distinta. No quieren que haya ninguna prueba de acceso que permita seleccionar a los más preparados para ser profesor, sino simplemente apuntarse en una lista de substitutos y entrar por orden de antigüedad. Como si se pudiera mejorar la enseñanza de un país sin seleccionar al mejor profesorado. Además, ya se empieza ganando el mismo sueldo que otro profesor que sí acaba de ganar una oposición. Además, este año han conseguido que se incumpla la ley que obliga a ganar unas oposiciones para llegar a ser funcionario docente, por lo que miles de interinos con muchos años a sus espaldas, es decir profesores que no han querido presentarse a unas oposiciones, simplemente presentando unos papeles ya serán nombrados funcionarios.
Y otra diferencia es que los representantes sindicales de la enseñanza pública son personas que no dan clases, ellos mismos se llaman por ello “liberados”. Algunos hace décadas que no pisan un aula, pero pese a ello son los que salen en los medios en representación de los que sí están en las aulas. Paradójicamente los sindicatos de la enseñanza cada vez son mejor tratados por las administraciones, con más liberados y más subvenciones, siempre por miedo a que les monten una huelga. Son un auténtico cáncer que impide que la enseñanza pueda mejorar. Solo hasta que haya un partido que les quite sus subvenciones y tengan que vivir solo de las cuotas de sus afiliados, que les obliguen a dar clases una parte de su jornada laboral, y que sea capaz de aguantar sus huelgas durante el tiempo que haga falta, se podrá mejorar la enseñanza.
Antonio Jimeno es catedrático de Instituto
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