Desde los inicios de la transición a la democracia, muchos catalanes que habíamos participado activamente en la conquista de las libertades secuestradas por el régimen franquista, renunciamos, en aras de la convivencia, a presentar una firme oposición frente a los cada vez más alarmantes desmanes del nacionalismo catalán.
En particular, en el ámbito de la enseñanza, los profesores no nacionalistas hemos venido tolerando con resignación la vulneración de nuestros derechos lingüísticos; la imposición del catalán como lengua vehicular en la enseñanza; la ausencia de la historia de España y de nuestra constitución en los proyectos curriculares; la exaltación del sentimiento patriótico catalán y la animadversión hacia todo lo español. Todo ello lo hemos soportado con la idea de que ese era el precio que había que pagar para evitar que los nacionalistas planteasen la ruptura con España. Pensábamos que si les dejábamos salirse con la suya en las cuestiones culturales e identitarias no sentirían la necesidad de abandonar España. Callábamos también por temor a la etiqueta que los totalitarios tienen reservada para todos cuantos osan expresar la menor disidencia. La etiqueta más aborrecida por quienes mayoritariamente proveníamos de la lucha antifranquista, la de fascistas.
El contexto político tampoco ayudaba a la libre expresión de nuestra oposición al nacionalismo. Los partidos políticos y los sindicatos que representaban al sector de la población con raíces en el resto de España y extracción obrera, se esforzaban denodadamente en borrar de sus potenciales votantes cualquier sentimiento de españolidad y en sustituirlo por el sentimiento nacional catalán, a base de identificar torticeramente España con fascismo y Cataluña con progresismo.
Un sentimiento de frustración, de impotencia, de claudicación ha ido apoderándose año tras año de los catalanes que somos y queremos seguir siendo españoles. Como si no hubiera nada que pudiésemos hacer, como si no hubiera forma de canalizar nuestras quejas, de hacer valer nuestros derechos. Hemos asistido al triste espectáculo de ver cómo la Generalidad vulnera sistemáticamente los derechos lingüísticos de los catalanes que reclaman enseñanza en español en las escuelas, sin que pase nada, sin que el perjuicio que se ha ocasionado a esas familias sea reparado, sin que las ofensas, los insultos que cada vez con más intensidad recibe España y los españoles en los medios de comunicación catalana encuentren adecuada respuesta.
Da la impresión de que la realidad que hoy se vive en Cataluña imita la ficción ideada por Orwell en su magistral novela 1984. Como en esa novela, estamos en una sociedad donde la tergiversación de la realidad es el pan nuestro de cada día: reclamar el derecho a la enseñanza en español es atacar a la lengua catalana; ser patriota español es ser fascista; ser patriota catalán es ser demócrata; fomentar el odio a España es amar a Cataluña; incumplir la ley es ser demócrata; rebelarse contra la tiranía del pensamiento único nacionalista es ser intolerante…
Pero, paradójicamente, la fraudulenta consulta del 9 N supuso un cambio en esta dinámica del paroxismo nacionalista que empieza a ser perceptible. Ya no se puede ir más lejos: ni los nacionalistas pueden exigir más (pues piden la independencia) ni los demócratas podemos transigir más. Hemos llegado a un punto de inflexión a partir del cual ya no es posible ofrecer como mal menor la renuncia a nuestros derechos por preservar la unidad de España, pues es esa misma unidad la que ahora está en peligro. Ha llegado el momento en que todos los demócratas catalanes hemos de atrevernos a decir NO, no a la imposición, no a la tergiversación, no a la manipulación, no a la dictadura del odio a España.
Y vamos a ser capaces de decir NO porque nos asiste el derecho inalienable a nuestra libertad de expresión y porque somos mayoría. Una mayoría que tiene que hablar alto y claro para demostrar al resto de España que el gobierno de la Generalidad no representa al pueblo de Cataluña, sino tan sólo a una minoría, importante, pero minoría al fin y al cabo, frente a una mayoría que, pese a la insistente y abrumadora propaganda pagada con dinero público, respeta la ley. Que no olviden ese dato los que aún claman que hay que negociar para dar satisfacción a los soberanistas. España debe pensar en esos catalanes ansiosos de que alguien les represente, canalice y articule su legítima aspiración a seguir siendo españoles. Ha llegado el momento de hablar alto, claro y sin complejos; ha llegado el momento de hacer oír la voz de los silenciados. Esperemos que ni el gobierno de España ni los partidos y asociaciones que defienden la unidad de España nos desamparen.
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