La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado «la colonización indebida de competencias de la Guardia Civil por parte de los Mossos d’Esquadra, especialmente en el ámbito del servicio de emergencias 112 en Cataluña».
Este colectivo asegura que «esta situación no solo pone en entredicho la operatividad de las fuerzas de seguridad, sino que también genera una preocupante inseguridad para los ciudadanos, quienes, en situaciones de emergencia, no reciben la atención de los verdaderos especialistas».
«Las autoridades catalanas excluyen sistemáticamente a la Guardia Civil del servicio de emergencias en la región, una decisión que responde a intereses políticos y que pone en peligro la vida de las personas», denuncia Mila Cívico, portavoz de JUCIL.
Esta exclusión es particularmente grave en el caso del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, con base en L’Estartit, cuyos miembros son los mayores expertos en rescates marítimos. «No estamos incluidos en el servicio de emergencias del teléfono 112, de modo que, en muchas ocasiones, cuando nos enteramos de una emergencia, llegamos tarde», advierte Cívico.
Estrategia encubierta de exclusión
JUCIL recuerda que el Ministerio del Interior ha permitido que los Mossos d’Esquadra, que solo tienen competencias administrativas en aguas interiores, se apropien por la vía de los hechos y de manera impropia de ámbitos de actuación que corresponden a la Guardia Civil.
«Este abandono por parte del Ejecutivo nos lleva a una situación crítica, con ejemplos como la no activación del Servicio Marítimo y del SEPRONA en emergencia. Esto deja a los ciudadanos en una situación de indefensión», subraya Cívico. Además, menciona la preocupante tendencia de desmantelar unidades clave como el Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) en Lleida o el Grupo de Rescate de Montaña de Puigcerdá, lo que forma parte de una estrategia de exclusión encubierta con claros tintes políticos.
Casos flagrantes de ineficiencia
JUCIL, que se define como una asociación profesional que defiende los intereses laborales y sociales de los guardias civiles, resalta también cómo «la situación genera confusión en los ciudadanos y resalta en este sentido los recientes ejemplos de ineficiencia observados en los dirigentes de este cuerpo policial que han dañado la imagen y la profesionalidad de los integrantes de este cuerpo autonómico».
“Casos de ineficiencia como los observados recientemente que han exigido de horas de explicaciones por parte de sus máximos mandos, explicaciones que posiblemente no han logrado convencer a los ciudadanos de que las cosas se han hecho con la máxima intensidad”, puntualiza Cívico.
Los problemas en el mar
La portavoz de JUCIL también destaca los riesgos que supone la presencia de embarcaciones de los Mossos d’Esquadra en situaciones de emergencia marítima. «La falta de competencias y experiencia de los Mossos en este ámbito podría provocar malentendidos y problemas graves para los ciudadanos», explica Cívico.
«Creemos que vamos camino de que con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cataluña ocurra lo que ha pasado con el SEPRONA, que prácticamente ha desaparecido de la región», añade. Con la inminente celebración de la Copa América en Barcelona, donde los Mossos d’Esquadra tendrán competencias de policía judicial y de seguridad, JUCIL expresa su profunda preocupación por los posibles problemas que este hecho podría ocasionar a los ciudadanos. «Nos inquieta que, una vez más, el juego político prime sobre la seguridad y el bienestar de las personas», concluye Cívico.
JUCIL insta al Gobierno a especificar, con claridad, las funciones de los distintos cuerpos policiales desplegados en Cataluña para evitar que esta confusión afecte a la seguridad jurídica y física de los ciudadanos. Y, en todo caso, exige que se especifique de forma expresa quiénes serán los responsables de los perjuicios que puedan sufrir las víctimas de una emergencia que no sea atendida debidamente por esta situación.
«Necesitamos que el Gobierno defina de manera clara y rotunda las competencias de cada cuerpo para que no sean los ciudadanos los que paguen las consecuencias de la burocracia y de decisiones políticas irresponsables», reclama la portavoz. “JUCIL permanecerá vigilante para que ninguna confusión de competencias ponga en peligro la vida de los ciudadanos”, advierte.
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