Hace algún tiempo –digamos que entre seis y tres meses– pude leer en varios medios una serie de declaraciones de un colectivo de juristas, entre los que figuraba incluso un antiguo miembro del Tribunal Constitucional, sobre el referéndum catalán del 1 de octubre próximo, al que definía sin ambages como acto ilegal y en consecuencia consideraba condenado al fracaso.
Tanto las razones aducidas por los juristas a guisa de argumentos en sus diversas intervenciones y apariciones públicas como su postura, al parecer sólida y unitaria, me hicieron creer durante bastante tiempo que se trataba de una iniciativa democrática y bien fundamentada, además de limpia y leal.
Lamentablemente, después me enteré, con dolor de mi alma, de que el colectivo de juristas, al que mientras tanto se habían adherido varios políticos e intelectuales de ámbito regional, estaba integrado en su totalidad por elementos pertenecientes a la burguesía catalana y adscritos políticamente a la tercera vía.
En última instancia, su pretensión era erigirse en árbitro de la situación y, a partir de ahí, mediar como tal en el actual –y, a mi modo de ver, siempre ficticio– conflicto político y competencial entre Cataluña y España, pero ya en un escenario presidido por una bilateralidad de facto, o sea, en condiciones de igualdad como Estados (soberanos).
En su manifiesto, firmado por un total de cien personalidades y dado a conocer con posterioridad, el docto colectivo empieza declarando enfáticamente que “Cataluña, entidad nacional y jurídica, existe y existirá antes y después del primero de octubre, y su continuidad la garantiza(n), afortunadamente, la Historia y la voluntad de ser, reafirmándose en la pervivencia y primacía del Derecho y de la democracia”.
En el documento se pide asimismo al Govern que, “por dignidad democrática”, suspenda la convocatoria del referéndum, ya que “no se cumplen los requisitos imprescindibles para que sea democráticamente homologable” (El Mundo 29, 6, 2017).
Al margen de su deficiente redacción, los párrafos citados proporcionan una idea clara de la postura de los firmantes del manifiesto ante el referéndum, aquí ahora más bien un pretexto coyuntural, pero sobre todo ante lo que ha dado en llamarse la cuestión catalana, que es y será la razón de fondo.
En un deliberado intento de perfilar su mensaje y reforzar su misión mediadora, el colectivo de juristas de la tercera vía exhortaba al Gobierno español, y sólo a él, a buscar por todos los medios posibles soluciones positivas para que Cataluña y el conjunto de España salieran cuanto antes de la situación actual.
Por lo visto, los doctos y bondadosos juristas ignoraban, y siguen ignorando, que el pretendido conflicto Cataluña-España arranca en rigor del incumplimiento de la Constitución vigente en grado de rebeldía por parte de la Generalidad de Cataluña y que defender y apoyar con ánimo doloso a quienes infringen grave y reiteradamente la Ley es un comportamiento delictivo, tanto más cuanto que, como ocurre en este caso concreto, quienes los defienden y apoyan de manera persistente son juristas y, por lo tanto, se puede y se debe entender que actúan con pleno conocimiento de causa.
Por razones idénticas o análogas, esos doctos y bondadosos juristas ignoraban y siguen ignorando asimismo que la sociedad de Cataluña está sometida hoy a una dictadura de estirpe burguesa, habida cuenta de que en ella se puede distinguir nítidamente una comunidad minoritaria y opresora de lengua catalana y credo oficial independentista, frente a una comunidad mayoritaria y oprimida de lengua española y sentimiento español, cuya existencia nunca ha sido reconocida por la administración autonómica y sus instituciones.
En resumidas cuentas, he ahí una nueva modalidad de la envolvente catalana con su correspondiente actuación/aplicación en vivo y en directo.
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