Los grupos de CS y PP en el Parlamento Europeo han remitido un dosier a Charles Michel, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, varios comisarios europeos y a los 26 Estados socios de la UE, así como a las direcciones de sus grupos en el Parlamento Europeo, sobre las implicaciones legales y políticas de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas, junto a una carta en la que solicitan que todas las instituciones europeas sigan de cerca esa iniciativa y salvaguarden los principios fundamentales de la Unión.
“España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años”, exponen ambas formaciones al arranque de la carta, en la que explican que el pacto entre el PSOE y Junts y la propuesta de una ley de amnistía marcan “el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. Todo ello, con el único fin de lograr los siete votos de Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
La intención de la amnistía es “revocar los procedimientos judiciales y sanciones pendientes contra unas 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos hasta hace una década y que incluyen actos de corrupción y terrorismo”. Además, el pacto incluye la creación de comisiones parlamentarias que investiguen si en España se ha producido «lawfare» o judicialización de la política, “con poderes para perseguir acciones de responsabilidad o enmiendas legislativas”.
“El acuerdo supone, en la práctica, someter los procedimientos y decisiones judiciales a control parlamentario con una injerencia evidente en la independencia judicial y la separación de poderes –añaden–. Supone una deslegitimación de facto del poder judicial y una vulneración del principio de igualdad ante la ley”.
Se exponen a continuación las alertas lanzadas por todas las asociaciones judiciales del país, las asociaciones de fiscales, el CGPJ, funcionarios de Justicia, colegios de abogados, abogados y procuradores también de Cataluña, catedráticos de Derecho Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otros funcionarios públicos de la administración, como los inspectores de Trabajo y Seguridad Social. La carta acompaña un dosier con los acuerdos y escritos hechos públicos por todos estos colectivos, así como el acuerdo entre el PSOE y Junts.
“Instamos a las instituciones europeas a que supervisen los acontecimientos relacionados con las preocupaciones planteadas por todos estos grupos especializados y la ley de amnistía en general, en línea con el trabajo del Comisario de Justicia, señor Reynders, tal y como se expresa en la carta al gobierno español firmada el 8 de noviembre de 2023. La Unión Europea debe salvaguardar los principios y valores fundacionales y tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea”, concluye el texto.
El dosier ha sido enviado al presidente del Consejo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los vicepresidentes y comisarios Josep Borrell (Alto representante para la Política exterior), Vera Jourová (Valores y Transparencia) y Margrethe Vestager (Competencia), Margaritis Schinas (Promoción modo de vida europeo), y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. También, a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, las direcciones de los grupos parlamentarios del PPE y de Renew Europe, a los que pertenecen ambos partidos, y a las representaciones ante la UE de los otros 26 Estados miembros.
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