La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha pedido por carta a la Comisión Europea que vigile la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como otro punto débil del Estado de Derecho en España, al amparar que los claustros universitarios puedan dictar pronunciamientos ideológicos, en contra de la neutralidad que les exige la Constitución.
Pagaza se ha dirigido en concreto a la vicepresidenta Vera Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders, de cara al próximo informe sobre el Estado de Derecho en España y en línea con las denuncias previas de la eurodiputada ante los ataques a la calidad democrática del país. Esta situación centrará precisamente la reunión que mantendrá en próximos días el jefe de la delegación liberal, Adrián Vázquez, con el comisario Reynders.
En el trámite parlamentario, la LOSU ha sido modificada para introducir “un ataque contra el principio de neutralidad de las administraciones públicas, que siempre debe regir como establece el artículo 103.1 de la Constitución para garantizar que sirven al interés público y que lo hace con objetividad”. “La vulneración de este principio podría llevar a la pérdida de la neutralidad ideológica de las universidades y, por tanto, a perder su independencia”, denuncia la eurodiputada en las cartas.
Con esta nueva ley se daría amparo a pronunciamientos como el de las universidades públicas de Barcelona en 2019 contra las sentencias que condenaron el 1-O, un manifiesto declarado nulo por los tribunales. En su sentencia de noviembre pasado sobre la resolución del claustro de la Universidad de Barcelona, el Tribunal Supremo señaló de forma contundente que el Claustro Universitario no puede adoptar acuerdos «que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía”.
Maite Pagaza denunció ya por carta a la Comisión Europea en mayo de 2002 la vulneración de los derechos fundamentales por acción y por omisión en la Universidad pública catalana. Esta reforma legislativa ampara esa falta de neutralidad política de los claustros con dos consecuencias directas: pone en peligro la libertad de cátedra y permite “actuaciones discriminatorias contra estudiantes contrarios al nacionalismo, amparadas e incluso alentadas por parte de los órganos rectores”, explica.
“Para que el Estado de derecho democrático sea eficazmente defendido debemos actuar ante todos los ataques contra el pluralismo, para lo cual debe preservarse de forma abierta la independencia y neutralidad de las instituciones. La calidad del Estado de Derecho no se deteriora de un día para otro, es algo casi imperceptible al principio y que se agrava si no hay una voz de alarma y una respuesta”, concluye la eurodiputada.
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