La carta va dirigida a las representaciones permanentes de los 26 socios comunitarios en la UE tras la propuesta del Gobierno de incluir las lenguas catalana, vasca y gallega en el Reglamento nº1 de la UE, por el que se regulan las lenguas oficiales de la Unión Europea. Además, Sánchez pretende incluir este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales prevista para el 19 de septiembre.
CS explica a los Estados Miembro varios aspectos legales respecto a las lenguas, pero además les sitúa en el contexto en que se produce la iniciativa: la necesidad que tiene un Gobierno en funciones de lograr ser elegido de nuevo con el apoyo de partidos nacionalistas, “algunos de los cuales tienen una historia teñida de populismo y euroescepticismo”.
“Es prudente que el Consejo se abstenga de convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos de política interna española. La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea representa un momento transformador, a punto de acelerar los cambios estructurales esenciales para la evolución de nuestra Unión, un esfuerzo que merece toda nuestra atención y que no debería verse eclipsado por las motivaciones políticas de una administración interina”, subrayan los liberales.
El Reglamento que quiere modificar el Gobierno para dar oficialidad en Europa a catalán, gallego y euskera deja claro que deben ser lenguas oficiales del país, lo que no ocurre en este caso porque lo son en las CCAA donde se hablan. “La Constitución española equilibra cuidadosamente la diversidad lingüística con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos españoles. Reconoce formalmente la cooficialidad de varias lenguas habladas regionalmente dentro de sus territorios designados, al tiempo que designa el español como única lengua oficial a nivel nacional”, señala la delegación.
Esa exigencia del Reglamento, recalca CS, pretende garantizar que los Estados no traten de elevar el estatus de una lengua a escala europea cuando no pueden lograrlo en el país. Sánchez y sus socios deberían primero aprobar ese reconocimiento a nivel nacional para acudir después a Europa. “Tienen que iniciar un proceso de enmienda constitucional, reunir el consenso político necesario en el Congreso que, hasta la fecha, no existe”.
La delegación europea de CS apunta también razones presupuestarias para pensar bien esta medida, ante la compleja situación económica de la UE. “En la actualidad, los servicios lingüísticos y de interpretación ya suponen un gasto anual de aproximadamente 1.000 millones de euros. La introducción de tres nuevas lenguas oficiales aumentaría inevitablemente esta carga financiera, una preocupación que coincide con informes anteriores de la Comisión Europea. La asignación prudente de nuestros recursos resulta primordial para abordar los retos históricos a los que se enfrenta la Unión”.
Los eurodiputados de CS explican además que la Unión Europea y España comparten un firme compromiso con el multilingüismo y que el catalán, el euskera y el gallego ya pueden utilizarse oficialmente en las instituciones de la UE, según las conclusiones del Consejo de 13 de junio de 2005, que establecen el uso oficial de lenguas suplementarias en el Consejo y, potencialmente, en otros órganos de la UE.
“En consecuencia, el Gobierno español ha suscrito acuerdos bilaterales que permiten el uso de determinadas lenguas regionales en comunicaciones escritas y orales, intervenciones y anuncios públicos en diversas instituciones de la UE. Estos acuerdos se extienden a la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, expone CS. Este marco abre mecanismos para impulsar el uso del euskera, el catalán y el gallego en la UE, salvaguardando así los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.
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