El Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía nacional, y el máximo organismo legislativo del Reino de España. Formar parte de esta cámara constituye un auténtico honor, e intervenir en la creación de las leyes se traduce en un servicio a la nación y al pueblo español. Sin embargo en el devenir parlamentario se producen episodios que generan una cierta extrañeza, que me hace plantear si algunos grupos parlamentarios, en lugar de defender los intereses colectivos de los ciudadanos, defienden los intereses particulares de sus propios partidos políticos.
Recuerdo que mi estreno parlamentario se produjo en una comisión legislativa, en la que un diputado del grupo parlamentario VOX presentaba una iniciativa, en la que se planteaba la concesión de beneficios fiscales y la reducción de la cuota de los autónomos, especialmente de los transportistas, que habían conseguido tener abastecidos todos los supermercados y áreas comerciales de España durante la pandemia del coronavirus.
Mi sorpresa se produjo cuando tomó la palabra el diputado del grupo confederal de Unidas Podemos, y en su intervención manifestó que la iniciativa de VOX tenía un importante contenido social en defensa de los trabajadores, pero como era una propuesta de la extrema derecha iban a votar en contra. Luego el representante del PSOE adoptó la misma posición. Allí pude ver con claridad que por encima de los intereses de los trabajadores, estaban los prejuicios ideológicos, y que los políticos de izquierdas traicionaban a los trabajadores.
Otra sorprendente experiencia la tuve en la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando el grupo VOX presentó una proposición no de ley, en la que se instaba al Gobierno de España para que declarase al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como persona non grata por la invasión injustificada de Ucrania. Pues aquí cuál fue mi sorpresa cuando el PSOE y el resto de la ultraizquierda y los separatistas — que sorprendentemente dicen que VOX es el partido de Putin — votaron en contra, y solo VOX, el PP y Ciudadanos votaron a favor.
Por último y como colofón del despropósito, yo mismo presenté y defendí en la Comisión de Función Pública y Política Territorial, una proposición no de ley, para que el Gobierno de España instase por medio de las Subdelegaciones del Gobierno provinciales de Cataluña, a los 798 ayuntamientos de Cataluña -un 84% del total- para que colocasen la bandera de España en el balcón o en su fachada principal, cumpliendo la denominada Ley 39/1981, conocida como Ley de Banderas, y varias sentencias del Tribunal Supremo que obligan a los ayuntamientos a cumplir esa Ley.
Pues nuevamente atónito pude comprobar como el grupo parlamentario del PSOE, el de Unidas Podemos, conjuntamente con los independentistas, votaban en contra, mientras que nuevamente VOX, el PP y Ciudadanos votaban a favor, como no podía ser de otra manera. También pude observar como los diputados de ERC y de Junts se regocijaban, cuando comprobaron que los partidos políticos que integran el Gobierno de España, se posicionaban a favor de sus tesis de suprimir la bandera de España en los ayuntamientos de Cataluña.
Cuando el grupo parlamentario del Gobierno vota en contra de que se cumpla una ley, y de que se esquiven unas sentencias del Tribunal Supremo, uno llega a la conclusión, que para la consolidación del Estado de derecho y las libertades públicas, hay que desalojar con la fuerza de las urnas a los políticos antidemocráticos y antisistema que nos gobiernan.
Cuando un diputado o cualquier servidor público, pierde la referencia de que los ciudadanos le han votado para que cumpla la legalidad, y para que mejore el nivel de vida de los españoles, se convierte en un mero instrumento de intereses partidistas y sectarios de ideologías que se generan a espaldas de la ciudadanía. Menos mal que otros muchos tenemos muy claro que España, los españoles y sus intereses, están por encima de todo y de todos.
Juan Carlos Segura Just, diputado al Congreso GPVOX
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