Convivencia Cívica Catalana presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Rosas (Gerona), en relación a la convocatoria para cubrir dos puestos de trabajo de Operario de brigada. Convivencia Cívica Catalana alegaba que la exigencia de acreditar un determinado nivel de catalán en todas las plazas objeto de la convocatoria infringe lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1991, por cuanto se está exigiendo en las Bases un conocimiento de la lengua catalana desproporcionado y de manera indiscriminada y sin justificación, hecho éste que infringe el artículo 12 y el artículo 23.2 de la Constitución.
La base impugnada exigía que todos los aspirantes, para poder participar en la convocatoria, estén en posesión de un nivel de catalán B1 (o un nivel superior) o, de no acreditarlo, realicen una prueba de dicho nivel. Entendía la entidad que el nivel de catalán a acreditar se exige de manera indiscriminada y sin justificación alguna, sin que sea proporcional el nivel de exigencia que se efectúa para las plazas a cubrir (operarios de la brigada).
Finalmente, tras recibir la demanda del Juzgado de lo Contencioso de Gerona, el Ayuntamiento ha estimado extraprocesalmente la pretensión de la entidad y ha eliminado la exigencia de dicho nivel de catalán. Este hecho se suma a la suspensión de la convocatoria para cubrir varios puestos de operarios de mantenimiento del Hospitalet de Llobregat por parte del Juzgado Contencioso 7 de Barcelona (por Auto del pasado 15 de julio de 2024).
El Juzgado de lo Contencioso consideró que hay apariencia de buen derecho en las pretensiones de Convivencia y ordena suspender cautelarmente la convocatoria impugnada, a los efectos de evitar que se produzca de manera efectiva la exclusión de ciudadanos que no acrediten tener el nivel C de catalán. Así mismo, la entidad ha conseguido que se elimine la exigencia del nivel B1 y C de catalán en las oposiciones para la Brigada de San Andrés de Llavaneras y para el personal de limpieza viaria de San Andrés de la Barca.
En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, “lo que realmente están haciendo muchas administraciones locales con bases muy similares a la que ha anulado Rosas es establecer una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera desproporcionada y generalizada el acceso a la función pública de aquellos españoles que no pueden acreditar un nivel determinado de conocimiento del catalán (en este caso B1), sin que exista justificación para ello y sin que sea proporcional a las exigencias del puesto ofertado.”
Considera la entidad que tanto la suspensión cautelar que acordó el pasado mes de julio el Juzgado de lo Contencioso respecto a la oposición de Hospitalet como los recientes allanamientos de varios ayuntamientos son precedentes muy importantes que empiezan a racionalizar la exigencia del nivel de catalán en las oposiciones.
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