Los ciudadanos tenemos derecho a unos medios de comunicación financiados con nuestros impuestos para que presten un servicio público y sean garantes de nuestras libertades. Los informativos de los medios públicos han de ser ecuánimes, suministrar información veraz y relevante y no pueden discriminar a las minorías. Justo lo que no pasa ahora con TV3, que no cumplen ninguna de estas condiciones.
Y a la hora de elaborar programas nuevos, una televisión pública debería apostar por la producción propia, por el talento que tengan en la casa, en vez de gastar dinero en productoras externas, a menudo basadas en el lobbismo más que en la bondad de sus proyectos. Este, como ya hemos citado, es uno de los males actuales de la televisión de la Generalitat.
Los máximos responsables de los medios públicos (directores generales y de informativos, entre otros) se tendrían que escoger por concurso público, en la que los diferentes candidatos se pudieran presentar libremente, y tuvieran que ser ratificados, si reunían las condiciones profesionales indicadas, por 2/3 de la cámara legislativa (o pleno municipal en el caso de los medios locales) correspondiente, y que fueran necesarios más de dos grupos parlamentarios.
No deberían poder ser revocados hasta el final de su mandato, con las excepciones que marque la normativa vigente en el caso de ser encausados o condenados por los tribunales. Ojalá algún día tengamos un modelo parecido en Cataluña, y la televisión de la Generalitat deje de ser una herramienta de ingeniería social.
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