Los derechos civiles de los barceloneses castellanoparlantes están siendo violados por la actuación del alcalde Jaume Collboni (PSC). Por ejemplo, cuando despidió a trabajadores municipales temporales – como su cocinero personal, un clarinetista y empleados de la limpieza – por no tener un certificado que acredite el dominio del catalán. Como si para hacer un estofado, tocar una sinfonía y garantizar la higiene del espacio público fuera necesario recitar a Lluís Llach. Collboni no entiende que Barcelona es España, y el español es la lengua común a todos los españoles.
Me preocupa la “degradación” de la red social X como herramienta de chivateo lingüístico en el que se señala a dependientes, camareros, trabajadores y comerciantes por hablar en español, para que los usuarios les boicoteen y así provocar despidos o el cierre de los negocios.
Plataforma per la Llengua es especialmente activa en este campo, y el gobierno municipal de Barcelona en el que ha estado Collboni ha subvencionado a esta entidad hispanófoba. Y me temo que lo va a seguir haciendo a pesar que esta asociación se dedicaba a espiar la lengua en la que hablaban los niños en los patios de los colegios sin pedir permiso a sus padres.
También me preocupa las comunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona con los ciudadanos. En la cartelería, rotulación y señales de tráfico el castellano es prácticamente inexistente. Vean los pasquines que se cuelgan en los portales convocando a reuniones con los vecinos, y lo comprobarán. O recordemos como el gobierno municipal en el que Collboni lleva tiempo ha difundido, durante años, carteles con información en varias lenguas como el catalán, tagalo, árabe y urdú, pero no el español. Y observen los rótulos en los equipamientos municipales
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