Claves de la dictadura separatista de Cataluña. Siempre el engaño, nunca la violencia

Esclavo es aquel [ser humano] que lo supedita todo a la supervivencia.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Desde hace unos treinta años vengo denunciando como, cuando y  donde me es permitido  el carácter dictatorial, a la vez impositivo y excluyente, de las instituciones públicas que los separatistas catalanes han ido haciendo suyas con sigilo y engaño, nunca con violencia, a  partir de la llamada Transición democrática.

Los promotores de la conjura, pues considero que hoy podemos y debemos decir abiertamente que se trata de una conjura,  se fijaron como objetivo inmediato copar, una tras otra, todas las instancias de decisión y representación democrática del recién creado ente autonómico para convertir en realidad el sueño, formulado en su día por Prat de la Riba, de que en Cataluña la política la hagan los catalanes y sólo los catalanes, tanto para ellos como para nosotros,  en el bien entendido  de que, para  los separatistas,  catalanes son ellos  y los que ellos dictaminan que son catalanes.

En estos momentos, marzo de 2018, nuestros separatistas consideran que no sólo han alcanzado esa meta sino que incluso están en condiciones de enfrentarse en los planos legal y político, nacional e internacional, al Estado español y proclamar la República Catalana, que ha sido siempre uno de sus objetivos finales.

Y en esas están. Ellos, incluidos los miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconense, hablan de conflicto de legitimidades; yo, de deslealtad institucional, a un mismo tiempo delito y pecado.

Pero lo cierto es que, a pesar de reveses y fracasos tan rotundos como numerosos, los separatistas, siempre aferrados a su atávica e irreductible deslealtad, han ido inventando, creando, usurpando, adoptando y adaptando  instituciones, servicios y competencias de carácter estatal y/o autonómico para proveerse de estructuras de Estado con las que organizar, poner en marcha y presentar en sociedad  su pretendida república.

Una de esas estructuras de Estado es la referente a Defensa, que en este caso han pensado ir desarrollando a partir del núcleo germinal de la Policía autonómica (Mossos d’esquadra), hoy integrada por un total próximo a los 20.000 efectivos y en la que, de momento, están incluidos los incipientes, nada eficientes y siempre intrigantes Servicios de inteligencia, que cuentan con el asesoramiento y el apoyo técnico del Mossad israelí (1).

De hecho, el control policial de la población de Cataluña, en especial de la comunidad de lengua española, siempre mayoritaria y siempre ajena cuando no abiertamente contraria a la secesión, ha sido desde el primer momento una de las grandes prioridades de sus promotores y valedores como premisa obligada para la puesta en marcha del llamado Proceso y apoyo decisivo a la actividad de los partidos políticos y las organizaciones civiles de estructura paramilitar que operan a sus órdenes.

Ese control social, completado con la marginación e incluso la instrumentalización de sus miembros más activos y peligrosos, explica por sí solo las ilógicas e irreales, nunca democráticas, mayorías (¿absolutas?) de las fuerzas separatistas, siempre necesariamente minoritarias, tanto en el Parlamento autonómico como en las elecciones y las demostraciones callejeras organizadas por ellos y para ellos.

Como no podía ser por menos dado el tarannà de nuestros insolidarios compatriotas y, en consecuencia, dada la naturaleza de la dictadura impuesta por ellos en esta  región española, la muerte civil ha sido y es una de sus medidas preferidas a la hora de deshacerse, siempre con sigilo y a distancia, a menudo incluso por persona interpuesta,  de todos aquellos a los que consideran elementos subversivos. Yo la veo como el equivalente del tiro en la nunca practicado por los etarras vascos (2).

En esta variante de la muerte civil, el ciudadano es privado de sus derechos constitucionales en parte por vía legal, mediante la aplicación y, sobre todo, la no aplicación de la ley, y en parte por vía social, mediante la difamación, la persecución e incluso el acoso. Al muerto civil se le puede agredir y de hecho se le agrede en la certeza de que nada ni nadie lo va a defender. Como tantas veces en la historia, comisarios, inspectores, agentes, espías y confidentes del régimen actúan con total impunidad.

Por todo ello considero que aquí y ahora se impone la pregunta: ¿cuántas personas o, dicho con más propiedad, cuántos elementos subversivos mantiene en condiciones de muerte civil y por lo tanto privados de sus derechos constitucionales como ciudadanos españoles el régimen policial-dictatorial implantado en Cataluña por nuestros queridos y odiosos separatistas?

Una de esas personas y, por supuesto, uno de esos elementos subversivos soy yo. Me lo confirmó el propietario de la editorial para la que trabajaba cuando, hace años, me confesó: “Mi hijo me ha dicho que el señor Ibero es hombre muerto, pero no sé por qué”.

Yo sí lo sabía y, muerto en vida, sigo sabiéndolo.

(1) Las relaciones y los contactos de la policía autonómica de Cataluña con el Mossad israelí son de dominio público. Se pueden seguir a través de la prensa española y extranjera.

(2) Los separatistas catalanes  han tenido siempre mucho cuidado en que, en todas sus infracciones del orden constitucional, se respete la letra de la ley y se vulnere y/o se burle dolosamente su espíritu. Aquí hablo de muerte civil de acuerdo con ese postulado.

Por Ramón Ibero

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