Los CDR que acumularon sustancias que podían fabricar explosivos no lo hacían para montar una verbena. La justicia delimitará si sus acciones son punibles o no, pero muchos catalanes no separatistas que vivimos el clima de violencia creado por el secesionismo más radical sentimos el odio y el rencor que supuraban hacia todos aquellos que se oponían a sus objetivos políticos.
Por eso algunos pensamos que no hay «terrorismo light» – el de los socios que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa – y «terrorismo duro». Los métodos son los mismos, solo varía la intensidad y la capacidad de hacer daño: es nuestra convicción y viendo el rencor que el independentismo radical mostró en esas semanas de plomo, no nos van a convencer de lo contrario.
De la misma manera, consideramos que es muy correcta la expresión de «ánimo homicida» que el juez García-Castellón ha apreciado que es posible que existiera en los radicales que atacaron con gran violencia a agentes de la policía en los violentos disturbios tras la sentencia judicial del ‘procés’. La gran cantidad de heridos que dejaron los fanáticos separatistas que incendiaron Barcelona y otras ciudades catalanas así lo atestigua.
A Salvador Illa, Jaume Collboni y Pedro Sánchez les convendrá disimular la extrema violencia que sus socios separatistas ejercieron durante el ‘procés’ y el ‘postprocés’ contra policías y ciudadanos. O contra comercios, mobiliario urbano y edificios públicos. Pero existió. Y cuando el independentismo reactive el ‘ho tornarem a fer’ del que tanto presumen, volverán a practicarla.
Por eso es importante que los tribunales sigan investigando estos graves delitos, que los jueces denuncien y otra vez la inconstitucionalidad de una ley de amnistía redactada por los delincuentes a los que hay que amnistiar y que la presión sobre el PSOE para que deje de ser un partido rehén de los violentos sea cada día más fuerte. Nos jugamos que España siga siendo un país democrático y no una tiranía en manos de los que apalizan a policías e intentan convertir a millones de españoles en ciudadanos de segunda.
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