El secesionismo nos deja en muchas ocasiones momentos cuanto menos variopintos, y este es el caso del ayuntamiento separatista de Sant Julià de Ramis.
Estos pretendían que el Estado les pagará los destrozos que la Guardia Civil se vio obligada a realizar para llevar a cabo su trabajo durante la consulta ilegal del pasado 1 de octubre. El consistorio separatista reclamaba 13.427,43 euros en total.
La Audiencia Nacional ha resuelto que el Estado no debe pagar nada al consistorio separatista por este motivo y además ha responsabilizado al ayuntamiento de los desperfectos por haber puesto las instalaciones a disposición «de un proceso electoral ilegal». Cabe recordar que allí era donde estaba previsto que votara el ahora fugitivo Carles Puigdemont.
El separatismo vive en una realidad absolutamente paralela y lo demuestran acciones como esta donde queda meridianamente claro de quién es la responsabilidad de lo que allí sucedió.
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