El secesionismo nos deja en muchas ocasiones momentos cuanto menos variopintos, y este es el caso del ayuntamiento separatista de Sant Julià de Ramis.
Estos pretendían que el Estado les pagará los destrozos que la Guardia Civil se vio obligada a realizar para llevar a cabo su trabajo durante la consulta ilegal del pasado 1 de octubre. El consistorio separatista reclamaba 13.427,43 euros en total.
La Audiencia Nacional ha resuelto que el Estado no debe pagar nada al consistorio separatista por este motivo y además ha responsabilizado al ayuntamiento de los desperfectos por haber puesto las instalaciones a disposición “de un proceso electoral ilegal”. Cabe recordar que allí era donde estaba previsto que votara el ahora fugitivo Carles Puigdemont.
El separatismo vive en una realidad absolutamente paralela y lo demuestran acciones como esta donde queda meridianamente claro de quién es la responsabilidad de lo que allí sucedió.
NOTA: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres leer nuestras noticias necesitamos tu apoyo.