El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha afirmado, durante el debate sobre la limitación de los precios del alquiler, que “sin propiedad privada no hay democracia porque si no tienes seguridad jurídica sobre tus propiedades no te puede amparar ningún derecho”. En este sentido ha defendido que “garantizar el derecho a la vivienda, nunca puede hacerse convirtiendo al propietario en una especie de enemigo y haciéndole la vida imposible”.
Para Alejandro Fernández “el fomento o manga ancha de la ocupación ilegal con la limitación del precio del alquiler es letal porque le hace la vida imposible al propietario quien, en estas condiciones, no pondrá ese piso en alquiler porque sobre él se cierne una doble amenaza: un precio muy por debajo del mercado, que la propia administración pública no respeta, comportándose en ocasiones como una inmobiliaria con precios muy por encima del mercado, y por otro lado la amenaza de la ocupación”. A lo que ha añadido que “consagrar la liquidación del derecho a la propiedad privada es consagrar el robo, no como delito sino como derecho. No se protege al propietario sino al que roba directamente al propietario”.
El presidente Popular considera que “la política de vivienda que plantea el Govern es bastante particular porque, la manera de ayudar a que las familias más desfavorecidas tengan acceso a la vivienda, es hacerle la vida imposible a los propietarios, cuando debe ser exactamente al revés”. Y ha recordado que “sólo cuando hemos sido capaces de integrar los intereses de unos y de otros ha habido un mercado de alquiler activo, de garantías, que ha sido capaz de cubrir a amplias capas de la población”.
Alejandro Fernández ha puesto como ejemplo “el fracaso de esta experiencia en ciudades donde se ha llevado a cabo, como Berlín, donde la limitación del precio del alquiler supuso una bajada del stock de vivienda para alquilar y la medida tuvo que ser finalmente descartada”.
Por otra parte, desde el punto de vista legal, el presidente del PPC se ha referido al Consell de Garanties Estatutàries, “una institución catalana, a la que el propio Govern vuelven a obviar, ya que concluye que la inmensa mayoría de los artículos son inconstitucionales”.
El presidente Popular ha recordado que, según el Consell, de los 15 artículos de la Ley 11 son ilegales, y de las 15 disposiciones adicionales transitorias y finales, 7 son inconstitucionales, es decir que “prácticamente no hay nada que sea constitucional”.
Para Alejandro Fernández “el Govern sabe que esta ley es inconstitucional, pero parece que están deseando que el PP lo lleve al Constitucional, un método que, aunque políticamente les puede salir rentable en algunas ocasiones, poco a poco va degradando el prestigio de las propias instituciones catalanas. A lo que ha añadido que “la cruenta batalla por el poder que se está librando en el Govern entre ERC y JxCAT está acabando de liquidar el prestigio de cualquier institución catalana”.
Finalmente, Alejandro Fernández ha dicho que “en breve llevaremos al TC esta ley porque desde el Partido Popular vamos a defender a los propietarios catalanes” y ha recordado que “el 93% son pequeños propietarios, familias humildes que han ahorrado toda su vida para tener una segunda residencia y a los que se les está haciendo la vida imposible”.
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