Entiendo que, cuando los políticos independentistas catalanes piden al Gobierno de España que “medie” ante el Poder Judicial para que sean puestas en libertad las personas que se hallan en situación de prisión preventiva, bajo la acusación de rebelión, por los actos perpetrados el 1 de octubre de 2017, se está cometiendo un delito doble.
En mi opinión, de una parte, delinquen los que piden/exigen la libertad de los presos y, de otra parte, delinquen los que se avienen a tratar y, llegado el momento, pactar la libertad de los presos.
Injerencia flagrante por parte de los políticos independentistas y de los miembros del Gobierno de España en asuntos que no son de su incumbencia, dado que, por su naturaleza, esos actos son de la competencia exclusiva de los órganos del Poder Judicial creados a tal fin, habida cuenta de que el Reino de España es hoy un Estado de derecho y, como tal, defiende la separación de los tres Poderes y, en este caso concreto, defiende la independencia del Poder Judicial.
Por último, entiendo que, en un Estado de derecho, la infracción de la Ley no es un asunto político que los políticos deban tratar, sino un asunto legal que los órganos del Poder Judicial deben tratar y resolver.
A no ser que lo que se busca sea precisamente acabar con el Estado de derecho.
¿Es ese el caso de los separatistas catalanes? Yo estoy convencido de que sí.
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