Ante la publicación del Decreto-Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, que da cobertura jurídica al pago de las fianzas de los encausados ante el Tribunal de Cuentas con dinero público, Convivencia Cívica Catalana ha decidido seguir con sus actuaciones jurídicas.
Esta entidad reitera que dichos gastos no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat, toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos, hecho éste que manifiestamente antijurídico. La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal. La Generalitat es plenamente consciente de que está actuando ilegalmente, y por ello ha amparado su actuación en un Decreto- Ley, forma jurídica que impide que sea impugnado directamente en los tribunales ordinarios.
Convivencia Cívica Catalana, por ello, ha instado al Defensor del Pueblo a que interponga Recurso de Inconstitucionalidad frente al referido Decreto-Ley, ya que es uno de los legitimados para hacerlo. En su escrito, que adjuntamos, Convivencia Cívica Catalana le indica diversos vicios de legalidad que motivan la impugnación. Así mismo, se impugnarán todos los actos administrativos que se dicten en aplicación de dicho Decreto-Ley.
En esta línea, se ha dirigido carta a la Intervención de la Generalitat solicitando que no se aplique dicho decreto, y solicitando que se nos notifiquen todos los actos de aplicación para ser impugnados.
En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, “el Gobierno de Pere Aragonés está actuando con la cuestión de los avales con un nivel de indecencia y falta de decoro más propia de un alzamiento de bienes que de un acto de gobierno; a las surrealistas explicaciones del consejero de economía y su teoría de las cajitas, a que se tenga que explicar que un acto no es malversación en la rueda de prensa de su presentación, se suma el uso abusivo e ilegal de la figura del Decreto-Ley para evitar que la justicia ordinaria pueda examinarlo y dificultar su impugnación; por ello, hemos tenido que pedir amparo al Defensor del Pueblo”.
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