Más de 700 profesores de enseñanza superior y secundaria y profesionales de diferentes ramas, respaldan una carta dirigida por el Foro de Profesores a la ministra de Educación, Isabel Celaá. Le reclaman que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de menores, padres y profesores castellanohablantes en las comunidades autónomas bilingües.
Apoyan su reclamación, acompañada de la petición de una entrevista, en hechos “sobradamente documentados” registrados en el IES Sant Agustí de Ibiza, permitiendo las presiones a un profesor; en el caso de 200 alumnos afectados por la anulación de plazas de español en las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe, de Pamplona; en lo sucedido a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, requerido por la dirección y por la Inspección Educativa para que no utilice español en sus comunicaciones escritas y en la ley del plurilingüismo de Marzà en la Comunidad Valenciana, que reduce incomprensiblemente la enseñanza del español en zonas castellanohablantes.
También en las revelaciones del informe la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (2019), probando que ni un solo centro educativo público de esa comunidad cumple la normativa lingüística.
Mantiene el Foro de Profesores en su carta a la ministra que “los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores”.
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