Los secesionistas han convertido la cámara autonómica catalana en un parlamento bananero en el que intentan amordazar a la oposición para que no pueda hacer su trabajo: controlar y fiscalizar a la Generalitat. La aprobación de la reforma del reglamento del Parlament para facilitar la tramitación exprés, la del llamado Código Tributario de Cataluña y la anunciada presentación de la ley que ha de regir la consulta ilegal son unos atentados al Estado de derecho.
No se pueden salir con la suya. Si tres partidos que no tienen la mayoría social ni demográfica de Cataluña, que conculcan los derechos de las formaciones de la oposición, que han insultado a los catalanes no secesionistas y al resto de españoles y que no hacen más que malversar dinero público en saltarse las leyes de un gran país democrático como España al final consiguen su objetivo de organizar un simulacro de referéndum habrán demostrado que es posible organizar un Golpe de Estado, a pesar de que lo llevan anunciando desde hace meses.
La Justicia hace lo que debe. Investigar, imputar y, si corresponde, condenar, con todas las garantías de un país democrático. Y ha de seguir así, con firmeza y sin buscar componendas. Y el Gobierno central no ha de dar ni un paso atrás y garantizar, con firmeza, pero sin excesos, que la consulta ilegal no se celebre. Si así fuera, el daño que harían a España como Nación de ciudadanos libres e iguales sería terrible.
Primero se ha de parar el 1 de octubre. Pero el 2 de octubre no acaba todo, al contrario, es cuando comienza la reconquista de Cataluña como comunidad leal con el resto de España.
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