VOX está presentando en todos los ayuntamientos afectados de la provincia de Barcelona donde tiene representación, una moción para exigir la supresión del Tributo Metropolitano, un impuesto que sirve para financiar la prestación de los servicios de bus, metro y tranvía de los municipios que conforman el AMB y las llamadas “coronas” de su periferia. Esta formación lo considera un impuesto «absolutamente injusto, que se cobra a los ciudadanos como recargo sobre el IBI».
La propuesta de VOX argumenta que “desde el principio este tributo o recargo no ha sido bien recibido y se han sucedido quejas y denuncias desde el tejido social que lo consideran poco progresivo y equilibrado, con un objetivo que se desdibuja con la forma incoherente en la que se aplica”.
Para el diputado provincial de VOX Jordi de la Fuente se trata de un “recargo que no tiene sentido que se pague en función de la propiedad, ya que no es sólo el bien inmueble el que marca el poder adquisitivo; no distingue entre pensionistas, parados o familias a las que los números no les hacen llegar a final de mes, por muy propietarios que sean”.
Además, señala que el tributo «no tiene en cuenta que las fechas de revisión de valores catastrales varían entre municipios” y “tampoco es justo que haya vecinos de determinadas ciudades con descuentos en el transporte y otros no y poblaciones que, encima, no ven inversión alguna en estos transportes públicos”.
Por todo ello, VOX pide que no se aplique el recargo de las deudas, que se devuelva el cobro considerado indebido, pero además exige y que se suprima el tributo metropolitano en la AMB, y mientras no sea esto posible, bonificarlo para que nuestros vecinos no sufran más asfixia fiscal.
Cabe recordar que el AMB llegó a un acuerdo con la Diputación de Barcelona en 2022 para gestionar el cobro de los recibos pendientes de pago del tributo a los municipios de la segunda corona, con recargos hasta el 20% más intereses de gestión y demora de la deuda pendiente por vía de apremio.
AMB sigue cobrando recibos impagados a pesar de la resolución del Síndic de Greuges de Cataluña, que declaró que no se podían cobrar con recargo al carecer el primer recibo de notificación de forma personal y fehaciente por correo certificado para que los vecinos pudieran ejercer su derecho a defensa e impugnación, y así desde 2019.
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