El presidente del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa previa al pleno del mes de mayo para desgranar las principales iniciativas que defenderá su formación y valorar la actualidad política local, marcada por el conflicto laboral de la plantilla municipal y la gestión del gobierno del alcalde Collboni.
En relación a la huelga de trabajadores municipales, el presidente del grupo municipal ha recordado que VOX fue el único partido que votó en contra del convenio actual. “Nosotros ya advertimos que este texto nacía muerto y era una traición directa a los trabajadores de este Ayuntamiento. Y el tiempo, una vez más, nos ha dado la razón”, ha señalado Gonzalo de Oro. Ante esta situación, ha exigido la apertura inmediata de una mesa de negociación extraordinaria y una mesa propia para la Guardia Urbana, argumentando que la policía no tiene el mismo destino laboral ni los mismos horarios que el resto de trabajadores. Asimismo, ha reclamado un incremento presupuestario contundente para contratar personal en los servicios sociales y las oficinas de atención al ciudadano, las cuales considera desbordadas.
La principal proposición que VOX llevará al pleno se centra en la defensa de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda de protección oficial. Gonzalo de Oro ha justificado la iniciativa explicando que el aumento de la población extranjera en Barcelona ha tensionado los servicios públicos y el sistema de bienestar. “Es necesario aplicar el sentido común y esto pasa por la prioridad nacional, porque el dinero público debe atender primero a los de casa, debe atender primero a los que sustentan el sistema de bienestar y después, lógicamente a los demás”, ha afirmado. La propuesta del grupo municipal contempla un periodo mínimo reforzado de empadronamiento histórico y la vinculación de las ayudas a una cotización previa, la exclusión de los servicios sociales a quienes no tengan residencia legal en España —salvo estricta urgencia vital—, la priorización de perfiles nacionales como jóvenes o familias numerosas en la bolsa de alquiler social, y la exclusión de las listas de vivienda pública para los condenados por ocupación en los últimos cinco años. Además, instarán a la reforma de la Ley de Extranjería para que los ayuntamientos dispongan de seguridad jurídica al aplicar estos criterios de preferencia. “Barcelona no puede seguir gestionando como una ONG porque no lo es. Y por qué el dinero es limitado. No podemos seguir gestionando a costa del bienestar de los propios barceloneses”, ha sentenciado.
En el apartado de preguntas, la formación interpelará al ejecutivo local sobre la creación del denominado Distrito 11, un organismo de cooperación internacional que de Oro ha calificado como un chiringuito a medida. Ha criticado que este ente disponga de una gerencia propia, ocupada por la exconcejal Laura Pérez Castaño, con una retribución anual que supera los 102.000 euros anuales y un presupuesto de un millón y medio de euros. Para el concejal, resulta intolerable este gasto mientras los diez distritos reales de la ciudad se encuentran abandonados, por lo que exigirá luz y taquígrafos sobre los criterios profesionales objetivos que justificaron dicho nombramiento.
Finalmente, VOX formulará una pregunta directa al alcalde Jaume Collboni en relación a sus declaraciones públicas sobre la formación, en especial tras una reciente entrevista en la que afirmó que Barcelona sería la tumba de VOX. Gonzalo de Oro ha expresado su profunda preocupación por el incremento de las agresiones verbales y físicas que sufren sus cargos y simpatizantes en las mesas informativas, vinculando estos hechos al señalamiento público por parte del alcalde. “Le recordamos al alcalde que es el responsable máximo de toda la violencia que pueden sufrir los afiliados y simpatizantes a partir de ahora, porque es él quien les está poniendo en la diana”, ha advertido, concluyendo que Collboni se está demostrando como el peor alcalde de la historia de Barcelona, superando la gestión de la etapa anterior en materia de inseguridad y crisis de vivienda.
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