El Grupo municipal de VOX exige al Ayuntamiento de Barcelona que devuelva a los afectados el importe de las multas cobradas ilegalmente por la aplicación de la primera ordenanza de las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que promovió el anterior gobierno municipal de Ada Colau y PSC.
Gonzalo De Oro, presidente del Grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, ha recordado que VOX fue el primero en reclamar directamente en pleno municipal de diciembre 2023, el retorno de las multas cobradas ilegalmente por las ZBE, pero la respuesta del gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni fue ignorar la petición y votar en contra de la petición, sin argumentar los motivos del voto en contra.
“El Ayuntamiento deberá abonar más de 32 millones de euros a los afectados por la fracasada aplicación de las ZBE, que demuestran la clara obsesión recaudadora de PSC, Comuns y ERC que pretenden volver gobernar Barcelona configurando un nuevo Tripartito”.
Las ZBE se anularon en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después el Tribunal Supremo ratificó la anulación y rechazo los recursos presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana y Generalitat. El Gremio de transportistas han presentado contenciosos administrativos para rechazar la primera ordenanza de las ZBE.
“La primera sentencia ya señalaba que la ZBE se deberían haber suspendido, pero en cambio el Ayuntamiento siguió con la obsesión recaudatoria, aplicando sanciones injustas que estaban fuera de la ley”, ha señalado De Oro.
La sentencia critica la arbitrariedad con la que se aplicó esta norma, ya que no estableció acotar las ZBE en metros cuadrados o kilómetros, sino en conseguir unos objetivos marcados por la normativa europea. Actualmente en Barcelona solo hay tres puntos que superan los niveles exigidos: La zona portuaria (donde no se establece ninguna actuación pero es la más polucionada) y los distritos de Eixample y Gracia. El resto de los diez distritos cumplen normativa y a pesar de eso la ZBE se aplica en toda Barcelona.
Gonzalo de Oro considera que la aplicación de las ZBE por parte del consistorio “han perjudicado y empobrecido a las clases medias y trabajadoras, ya que estos ciudadanos son quienes no tienen tantas facilidades para adquirir un vehículo menos contaminante por el alto coste que supone, además de no ofrecer ayudas públicas para cambiar el antiguo vehículo”.
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