El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, ha denunciado este jueves durante la defensa de la moción de su formación el crecimiento alarmante del fraude en los empadronamientos en Cataluña, una práctica que, según ha afirmado, “está fomentada, promovida y legitimada por el Govern de la Generalitat”.
El portavoz de VOX ha señalado que esta práctica está directamente relacionada con el aumento de la inmigración ilegal y la ocupación de viviendas. Ha responsabilizado al Ejecutivo autonómico de alentar el fraude a través de su conocido “decálogo de empadronamiento”, que permite empadronar personas sin título de propiedad, sin contrato de arrendamiento e incluso sin notificar al propietario. “Como pudimos demostrar en la interpelación, en Cataluña cada día hay más empadronamientos fraudulentos. Y la consellera sólo se dedicó a negarlo y a insultarnos. Y claro, cuando niegas un problema, eres incapaz de solucionarlo”, ha afirmado Garriga.
Además, ha alertado sobre “amenazas políticas” como el reciente anuncio de ERC de sancionar a los ayuntamientos que intenten frenar esta situación. “Esa permisividad con el fraude provoca que Cataluña se haya convertido en un epicentro de inmigración ilegal que genera inseguridad, pérdida de identidad y saturación de los servicios sociales”, ha añadido.
Garriga también ha recordado que la Ley 1/2022, que legitimaba este tipo de situaciones, ha sido tumbada esta misma semana por el Tribunal Constitucional gracias a un recurso de VOX. “Otra victoria más de los servicios jurídicos de VOX. Gracias a ello, los propietarios están más protegidos y no tendrán que asumir el papel social que corresponde a las instituciones”, ha celebrado. Según ha indicado, esta sentencia obliga al Govern a dejar de imponer sanciones por valor de 13 millones de euros y a devolver 400.000.
Para hacer frente a esta situación, VOX ha presentado una moción parlamentaria con los siguientes objetivos: «Reconocer la gravedad del problema del empadronamiento fraudulento, derogar las directrices del “decálogo de empadronamiento”, instar a los ayuntamientos a revisar sus padrones, modificar la Ley 7/1985 de Régimen Local para garantizar que el empadronamiento requiera siempre el consentimiento del propietario y se refleje cuando se empadrone a un inmigrante ilegal».
Garriga ha finalizado con una «contundente» pregunta dirigida a los partidos que planean votar en contra: “¿Cómo van a justificar ante sus votantes que cualquiera pueda empadronarse en su vivienda sin su permiso? ¿Por qué no ofrecen sus sedes como lugar de empadronamiento? Son ustedes unos hipócritas. Y son los culpables del fraude en los empadronamientos, que conlleva el fomento de la inmigración ilegal y el drama de la ocupación.”
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