La inquina de los separatistas hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podría quedar, según unos mensajes que ha de examinar la justicia, acreditada. La consellera de Salud, Alba Vergés, presuntamente envió directrices claras de parar la vacunación contra el COVID-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El 23 de marzo de 2021, una integrante del gabinete de la consellera Vergés, Judit V., envió un whatsapp a Carmen Cabezas, exsubdirectora general de Promoción de la Salud, en el que decía: «De momento hemos decidido no continuar vacunando a los esenciales. Hello otra vez, jeje. ¿Qué hacemos en relación a la GC y PN (en referencia a la Guardia Civil y la Policía Nacional)? Creo que tendrían que ir con criterio de edad. ¿Cómo lo ves tú?».
Cabezas contestó: «Yo creo que tenemos que hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos». Judit V. comentó por correo electrónico a Cabezas lo siguiente: «Carmen, hablando con HC (se refiere a Alba Vergés como Honorable Consellera) y SC (en referencia a Ramentol como Secretario general y número 2 de Vergés en la consejería), no ven GC y PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65».
El 24 de marzo de 2021 Cabezas recibió otro mensaje de Judit V., insistiendo: «Otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar», a lo que Carmen Cabezas respondió: «Vosotros mandáis».
Estos mensajes se han incorporado a la investigación del caso de las vacunas contra el COVID-19 que fueron frenadas para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados por aquel entonces en la comunidad autónoma catalana y que investiga al titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona. Con estas nuevas pruebas, el caso ahora podría volver al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque Vergés es aforada al ser diputada de ERC y vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament. El fiscal de Barcelona ya ha pedido al magistrado Fernando Criado que eleve el caso al TSJC, que lo tiene que hacer con una exposición razonada.
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