La dirigente de ERC Diana Riba ha montado el numerito en Madrid. Los candidatos escogidos en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 9 de junio comparecieron este lunes en el Congreso para formalizar el acto de acatamiento a la Constitución delante de los miembros de la Junta Electoral Central (JEC).
Riba no quería acatar la Constitución, e intento evitarlo, pero antes las advertencias del presidente de la JEC, Miguel Colmenero, acabó haciéndolo «por imperativo legal». Pero pasó por el aro. El letrado mayor del Congreso leyó el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: «En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central».
Dicho artículo avisa de las consecuencias de no hacerlo: «Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento».
A pesar de que el artículo es claro, Riba preguntó al presidente de la JEC si «era obligatorio» acatar la Constitución, argumentando que había un auto del Tribunal de Justicia de la UE (dictado en el 2019) sobre los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín. Riba aseguró que el auto «estableció que la condición para ser miembro del Parlamento europeo se vincula únicamente a la proclamación oficial de los resultados de las elecciones a la Eurocámara».
Colmenero dejó claro que «el Tribunal Supremo español, con posterioridad a ésa, ha dictado otras sentencias que reconocen la vigencia de este artículo. Nosotros vamos a aplicar la ley vigente en España en este momento, sin perjuicio de lo que pueda decidir el TJUE en el recurso que tiene pendiente sobre este caso». Y avisó a Riba que «usted es absolutamente libre de presentar el juramento o promesa o no hacerlo, asumiendo las consecuencias que se deriven de un acto o del otro». La eurodiputada de ERC tragó y prometió por «imperativo legal» y a la salida se quejó ante la prensa de la actuación de los «jueces españoles».
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