Societat Civil Catalana, Llibertats y Abogados Catalanes por la Constitución han hecho público un comunicado en el que denuncian que la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Barcelona ha cedido «a las entidades Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) un espacio colegial para celebrar un acto el próximo día 21 de noviembre con el título ‘Cop a l’estat de dret'».
Estas tres asociaciones constitucionalistas argumentan que «es de prever que la intención del mismo es exigir la libertad de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart, así como la del ex vicepresidente y ex consejeros del anterior Gobierno de la Generalitat que se encuentran en situación de prisión preventiva por resolución de auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 3».
«En relación con lo anterior, consideramos conveniente recordar que los vigentes Estatutos del Colegio obligan a la Junta de Gobierno a ‘defender el Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y trabajar para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y de las libertades públicas’ (art 9.a) y a ‘procurar la armonía y la colaboración entre los/las abogados/das, manteniendo y fortaleciendo los vínculos de unión, solidaridad y compañerismo, y potenciar las relaciones de armonía y respeto recíproco entre los que cooperan con la Administración Pública y la Administración de Justicia” (art. 9.i)'».
«Por ello, queremos mostrar nuestra perplejidad por la cesión de un espacio del Colegio a entidades que actualmente ponen en entredicho la separación de poderes que rige en nuestro país y que, además, están siendo objeto de investigación por haber apoyado expresamente la subversión del orden constitucional y estatutario».
Y concluyen: «A efectos de evitar el evidente perjuicio que para la imagen del Colegio tiene la cesión de ese espacio a esas entidades, y en coherencia con el compromiso adquirido durante el período electoral por la actual Junta de Gobierno del Colegio, con su decana al frente, entendemos ineludible que por parte de la Junta se haga un pronunciamiento público desmarcándose de cualquier alineamiento con la tesis de los promotores del acto, a fin de mantener la imprescindible neutralidad institucional, respetar el pluralismo ideológico que debe ser inherente a nuestro Colegio Profesional en aras de la armonía entre los colegiados y defender el ordenamiento jurídico vigente».
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