Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado en el Parlamento Europeo el tercer informe sobre déficits de calidad democrática en Cataluña, elaborado por el Observatorio de Calidad Democrática de esta entidad. El documento se centra en los acontecimientos acaecidos en esta comunidad autónoma durante los pasados meses de septiembre y octubre, en cuatro ámbitos: Parlament, Gobierno autonómico, en la calle y en los centros de enseñanza.
El informe aborda la vulneración de diversos derechos fundamentales, como la libertad ideológica, participación política, seguridad jurídica o derecho a la educación, en el periodo que transcurre entre la aprobación de las denominadas leyes de desconexión y la aplicación del artículo 155, como consecuencia de la declaración unilateral de independencia.
Isabel Fernández Alonso ha subrayado que “el discurso separatista, al carecer de elementos propositivos, se centra en tratar de desacreditar con falacias al sistema democrático español, cuando, en realidad, la única amenaza seria que este ha sufrido ha sido la actuación profundamente irresponsable de los gobiernos nacionalistas catalanes”.
El expresidente de SCC, Rafael Arenas, ha detallado cómo entre septiembre y octubre tanto el Parlament de Catalunya como el Gobierno de la Generalitat diseñaron y ejecutaron un plan orientado a conseguir la derogación por la vía de hecho de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía mediante un proceso de corte revolucionario que, finalmente, no prosperó.
La vocal de la entidad, Nuria Plaza, ha denunciado que se colocase a la escuela en el foco del referéndum ilegal del 1 de octubre. También ha destacado y ha ejemplificado el rol de las direcciones de los centros, de los profesores y de las asociaciones de padres, con la anuencia de la inspección educativa, al servicio de la estrategia del separatismo durante estos meses.
Finalmente, José Domingo ha concluido que la vulneración de los valores constitucionales y de los valores europeos por parte de las instituciones catalanas ha hecho ineludible la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Asimismo, abogó por un imprescindible pacto entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas para superar la división social y como paso previo para recuperar la normalidad institucional. Domingo ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de contar con administraciones públicas neutrales, con medios públicos que reflejen la diversidad de la sociedad catalana y de abrir un debate sereno sobre el modelo educativo, que “no puede excluir a la lengua de más de la mitad de los catalanes y ha de dejar de orientar sus contenidos con criterios nacionalistas”. Todo ello sin olvidar que “el respeto a la ley en modo alguno puede volver a ponerse en cuestión”.
En el acto también participaron los eurodiputados Teresa Giménez Barbat, Maite Pagazaurtundúa y Esteban González Pons.
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