El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia notificada este martes en la que prohíbe la colocación de la estelada en la vía pública del municipio de Sant Cugat.
Este órgano judicial sostiene que esta bandera “constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos” y carece de reconocimiento legal válido como “símbolo oficial de ninguna administración territorial”, por lo que resulta “obvio” que su uso “solo puede ser calificado de partidista”.
Asimismo, el fallo asegura que la exhibición en el “espacio público” de cualquier “elemento” que “representa una opción política» es ilegal porque vulnera el principio de “objetividad» y de “neutralidad institucional”.
Es decir, que el TSJC, que por primera vez se pronuncia sobre esta cuestión, no sólo hace referencia a la presencia de la bandera secesionista, sino a todos aquellos símbolos con los que únicamente se siente representada una parte de la población y generan fractura y división en la sociedad catalana.
El TSJC, por tanto, ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Sant Cugat, tras la prohibición de la exhibición de la estelada en la vía pública, poco después de que Societat Civil Catalana presentara una denuncia al respecto y fuera estimada.
El presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha recordado que la entidad está “a favor de la democracia y del respeto a la ley y a aquellos que se encargan cada día de velar por su cumplimiento”.
Por este motivo, “carece de sentido” que la entidad haga una valoración positiva o negativa al respecto, sino que únicamente “respeta esta decisión, como todas la que tome la justicia”.
Rosiñol, ha recordado que en el momento en que un determinado colectivo o un ciudadano decide actuar al margen de la ley, está “atentando contra el Estado de Derecho” y que, en este momento, “todo aquel que se considere demócrata debería acatar esta sentencia y actuar de acuerdo a su contenido”.
Societat Civil Catalana siempre ha defendido que el incumplimiento de la Constitución, el Estatut de Catalunya y todo el marco legal es un hecho tan grave que, en ningún caso, se debe tolerar.
“Es una línea roja que jamás se debería traspasar”, ha señalado Rosiñol, “las leyes siempre se pueden cambiar, pero este proceso se debe realizar mediante los mecanismos diseñados para ello y no de forma unilateral”.
Esta sentencia, se enmarca, además, en la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de abril de 2016 en la que también fue parte Sociedad Civil Catalana.
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