El pasado 12 de julio se celebró una vista en el Tribunal de Cuentas para dirimir el recurso presentado por la defensa de Raül Romeva, quien solicitaba la devolución a ERC del depósito de 2,1 millones de euros consignado como aval, en el marco de la demanda interpuesta por Societat Civil Catalana contra once ex altos cargos de la Generalitat por malversación de dinero público en acciones para impulsar el procés.
Inicialmente, tanto el Ministerio Fiscal como SCC -representada en la causa por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados- se opusieron hace dos meses a la devolución del depósito y, el pasado junio, el Tribunal de Cuentas dio la razón a ambos y rechazó devolver los 2,1 millones de euros a ERC, tal como había solicitado esta formación.
En la vista celebrada el 12 de julio la Fiscalía cambió de criterio en contra de su propio escrito de oposición y apoyó devolver a ERC el dinero consignado como garantía. El organismo fiscalizador deberá pronunciarse sobre esta cuestión en los próximos días. En las últimas horas, sin embargo, los nueve ex altos cargos de ERC encausados por el Tribunal de Cuentas han pedido que se suspenda el proceso abierto en su contra por supuesta vulneración al derecho fundamental a un juez imparcial y que se eleve una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Ante esta nueva estrategia que entendemos de presión por parte del nacionalismo, Societat Civil Catalana ha hecho público un comunicado en el que precisa lo siguiente: «Estamos en medio de un procedimiento y, hasta el momento, todas las resoluciones que se han conocido son favorables a las peticiones formuladas por la defensa de SCC».
Y añaden que «Sociedad Civil Catalana confía plenamente en la imparcialidad de la Fiscalía y de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Consideramos una burla al Estado de Derecho que los encausados utilicen sus altavoces políticos y mediáticos para poner constantemente en tela de juicio la credibilidad e imparcialidad del Tribunal de Cuentas, de sus consejeros, del Ministerio Fiscal y de la Administración de Justicia si las resoluciones no son acordes a sus intereses».
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