El presidente del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, ha exigido al acalde, Jaume Collboni, que el Ayuntamiento de presente como acusación particular «ante la brutal agresión sufrida por un vigilante de seguridad del metro en la parada de Poblenou de la L4 que le ha provocado la pérdida de un ojo».
Sirera ha denunciado que “el aumento alarmante de los hechos delictivos en el metro evidencia la urgente necesidad de reforzar la protección en este espacio vital para la movilidad ciudadana” y ha afirmado que “no podemos normalizar que se repitan noticias como ésta casi cada semana”. En este sentido, ha reiterado la necesidad de que el gobierno municipal elabore un plan especial de seguridad para el metro de Barcelona “que incluya mayor presencia policial, tanto de Mossos d’Esquadra como de Guardia Urbana, en el suburbano y un incremento del número de vigilantes de seguridad privada”.
El dirigente popular ha señalado que “el modelo actual de seguridad en el metro es insuficiente e ineficaz cuando precisamente la seguridad en el metro ha de ser una prioridad absoluta”. Por lo que es necesario “un incremento de número de vigilantes de seguridad, estableciendo presencia física, estática y de forma continuada de dos vigilantes en cada sentido de los andenes de las paradas más conflictivas, dotándoles de recursos y herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo de forma segura y eficaz, y mejorando sus condiciones laborales para conseguir atraer y retener personal cualificado”.
Para el dirigente popular “tanto la falta personal como las pocas herramientas de las que disponen los vigilantes de seguridad privada para combatir la violencia y hacer frente a los delincuentes, provoca que éstos actúen con total impunidad aumentando la inseguridad en el transporte público”. “El metro de Barcelona no puede ser un chollo para los delincuentes y un peligro para los usuarios y para el personal de seguridad de las estaciones”.
Por ello, Sirera considera necesaria “una actuación urgente para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores” porque “no se puede tolerar que delincuentes campen a sus anchas por el metro de la ciudad convirtiéndolo en su lugar habitual de ‘trabajo’”.
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